Legitimidad democrática

Solís afirmó, con acierto, que la campaña no ha terminado, porque la Constitución no permite renunciar a la candidatura y Araya estará en la papeleta el día de las votaciones. Por eso, el candidato del PAC recorrerá el país en procura de votos para fortalecer su mandato.

Es un propósito noble y su llamado a las urnas debe ser atendido para dar cumplimiento al deber ciudadano. Salvo un acontecimiento imprevisible, la victoria de Solís está asegurada. Así estaba antes del anuncio de Araya, quien lo admitió con toda claridad cuando hizo pública su decisión de retirarse de la contienda.

Si los números de los sondeos de opinión pública citados por Araya daban a Solís una descomunal ventaja, tanta como para justificar su retiro, el mandato de cambio no puede ser más claro. El país no quiere un tercer periodo de gobierno del Partido Liberación Nacional y, el 2 de febrero, un importante número de electores volvieron los ojos hacia Solís y su partido para producir el cambio.

El 6 de abril, cuando las urnas oficialicen la investidura de Solís, el PAC habrá ganado en buena lid y su Gobierno gozará de la legitimidad conferida por la institucionalidad democrática, no importa cuántos electores asistan ese día a la cita con las urnas. La legitimidad nace del respeto a las normas preestablecidas para elegir y ser elegido, no del número de papeletas depositadas.

El voto es un acto fundamental del régimen democrático, pero en él no se agota la democracia. Más allá de las urnas, la vivencia democrática se funda en las instituciones, es decir, en el Estado de derecho. La confusión entre voto y democracia explica, en nuestro continente, la aparición de Gobiernos autoritarios salidos de las urnas. En poco tiempo, esos regímenes convierten sus circunstanciales mayorías en medio para desmantelar las instituciones democráticas y asegurar su permanencia en el poder.

La legitimidad de un Gobierno no depende del porcentaje de abstencionismo o del número de ciudadanos que lo respalden en las urnas, sino del respeto a la legalidad electoral y del inquebrantable compromiso con el Estado de derecho durante el ejercicio del poder.

El expresidente Óscar Arias alcanzó el poder en el 2006 con el voto de apenas el 26,05% de los electores habilitados para ejercer el sufragio, y don Mario Echandi solo consiguió el respaldo del 28,99% del padrón. La mandataria, Laura Chinchilla, los superó a ambos con el apoyo de un 30,9% del total de los electores inscritos, es decir, el 69,1% de los votantes no la “legitimaron” en las urnas. Sin embargo, todos pasarán a la historia como Gobiernos legítimos por su apego a la institucionalidad democrática.

El llamado de don Luis Guillermo y el PAC debe ser atendido por disciplina ciudadana y aprecio a la libertad de sufragio, pero el Gobierno resultante del escrutinio de los votos emitidos el 6 de abril será tan legítimo como cualquiera de sus antecesores y, en esa condición, merecerá el respeto y respaldo de todos, sin distinción de partidos. La tarea de conducir a Costa Rica por la senda del progreso no es exclusiva de los gobernantes. Nos corresponde a todos, con pleno compromiso y buena fe.

El nuevo Gobierno debe tener, también, el espacio necesario para ejecutar sus programas y echar a andar los cambios, para los cuales tiene un claro mandato expresado por la ciudadanía en las urnas y por otros medios que, si bien no revisten la misma solemnidad, no deben ser ignorados. Con todo, votar el 6 de abril es un deber ciudadano y debemos aprestarnos a cumplirlo con entusiasmo. Salí, pues, a votar.