Tal como se esperaba, luego de infructuosos esfuerzos por lograr un arreglo bilateral, México solicitó formalmente a la Organización Mundial de Comercio (OMC) la apertura de un proceso contra Costa Rica, debido a la prohibición de importar su aguacate Hass. La acción conducirá, en lo inmediato, a la celebración de consultas entre las partes. Si en ellas no se alcanza un acuerdo, el gobierno mexicano podrá solicitar que se establezca un panel (especie de tribunal escogido de mutuo acuerdo) para que determine si las restricciones impuestas por nuestro país cumplen la normativa de la OMC.
Esta es la primera vez, en los 22 años de existencia de la organización, de la cual somos fundadores, que enfrentamos en ella una denuncia formal. Esperamos que las autoridades nacionales realicen esfuerzos serios y racionales para que la fase de consultas sea exitosa y evitemos llegar a la última instancia del proceso. Si tal cosa fuera imposible, deseamos que el país pueda defenderse eficazmente; sin embargo, los antecedentes del caso sugieren que tenemos una débil posición.
El diferendo se remonta al 5 de mayo del 2015, cuando el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) prohibió el ingreso de los aguacates Hass provenientes de México y algunos otros países o zonas de estos; sin embargo, como la inmensa mayoría del abastecimiento tenía origen mexicano, la disputa se ha desarrollado entre los dos países. De acuerdo con el SFE, la medida se tomó para evitar el ingreso a Costa Rica de una enfermedad llamada “mancha del sol”, algo que no había ocurrido hasta entonces, pese a que desde hace poco más de 22 años hemos importado esos aguacates.
El fundamento técnico de la decisión ha sido sumamente polémico. Las autoridades de México han insistido en que la enfermedad solo afecta las plantas, no sus frutos, y que está concentrada en muy pocas zonas. Además, el hecho de que este país sea el principal exportador mundial de aguacates, incluso a mercados tan exigentes como el de Estados Unidos, es otro fuerte argumento para deslegitimar la medida costarricense y hacerla aparecer como una forma de proteccionismo no arancelario. Pero sobre lo que no existe discusión, porque hasta nuestro Ministerio de Comercio Exterior (Comex) lo ha reconocido, es que en la aplicación y comunicación de la medida no se siguieron los procedimientos adecuados, y que en todo su trámite hubo casi total incomunicación entre el Ministerio de Agricultura, del que es parte el SFE, y Comex, responsable en materia de comercio internacional. Esto, por supuesto, también nos debilita y causó justificada irritación del gobierno de México, que desde hace mucho tiempo ha sido un aliado clave en ámbitos comerciales, políticos y culturales.
A lo anterior se suman otros problemas. Uno, de gran importancia, es el impacto que la prohibición ha tenido entre los consumidores. En lo inmediato, condujo a desabastecimiento. Este problema se resolvió cuando comenzó a importarse aguacate de otros países, como Chile, Perú y República Dominicana. Sin embargo, lo que no se ha podido solucionar es un considerable aumento en los precios, que se añade a una calidad inferior del producto adquirido de esos proveedores. Otro problema es que, según cálculos de Alexánder Mora, ministro de Comex, si se llegara a constituir el panel en la OMC el costo de la defensa rondaría los $600.000. Además, si no lográramos salir airosos de la disputa, la imagen de nuestro país se vería afectada negativamente.
Si en casi dos años desde que se implantó la prohibición no hemos podido llegar a un arreglo con los mexicanos, pareciera difícil alcanzarlo en la OMC. Sin embargo, debemos hacer un esfuerzo ingente por lograrlo y evitar que la decisión la tomen terceros. Sería lo mejor para nuestra política de comercio exterior, que hasta ahora no presenta mancha alguna, y para los consumidores nacionales.
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