EscucharLa impugnación que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de la Ley N.° 6.750 para el Estímulo a las Bellas Artes, que la obliga a destinar una parte de su inversión a la compra de obras, y el desplome en la cantidad de visitas al Museo Nacional, con 126 años de historia, sacan a relucir el problema de fondo de la ausencia de una política de gestión de las colecciones del Estado.
La noticia de que la colección de la CCSS, valorada en ¢2.121 millones, casi no está a disposición del público, con pocas y notables excepciones, no es nueva. Esta circunstancia se repite con otras pinacotecas importantes, como la del Banco Central, y se da en la mayoría de las instituciones descentralizadas. El monto de la erogación estatal, en materia de artes plásticas, es multimillonario, pero lamentablemente su impacto social es escaso.
A los hechos anteriores hay que apuntar los casos del Museo Nacional y del Museo de Arte Costarricense, los cuales, por falta de una infraestructura adecuada, no pueden mostrar ni siquiera el 10% de sus obras acumuladas. Este desfase entre un patrimonio desconocido para la población y los pocos espacios de exhibición a los que esta puede acceder, hace que el costarricense medio no entienda por qué y para qué el Estado tiene que invertir en arte.
La Ley N.° 6.750 es heredera de la política cultural que se desarrolló de forma brillante en la década de 1970 y que su artífice, el expresidente José Figueres Ferrer, resumió en el lema “¿Para qué tractores sin violines?”, al aspirar a una sociedad educada que también fuera culta. En este lapso, el Estado “embodegó” una inmensa cantidad de obras, no siempre en las mejores condiciones de conservación, sin saber a ciencia cierta cómo disponer de ellas ni cómo permitir al costarricense enriquecerse con su propia tradición artística. ¿Para qué violines silenciosos?
La colección de la CCSS es una de las mejor catalogadas y preservadas e incluye obras que, por encima de su valor contable, son invaluables, como La maternidad de Francisco Zúñiga, la primera talla monumental de uno de los grandes escultores del siglo XX, o los murales de Francisco Amighetti. Que el modelo de adquisición deba cambiar, con la crisis financiera de la institución y un contexto fiscal adverso, no devalúa lo hecho hasta ahora, aunque le exige adaptarse a las circunstancias actuales.
En la administración Pacheco, el proyecto de crear una gran pinacoteca nacional se frustró por rivalidades interinstitucionales y escollos económicos y políticos. Otros países, que no son líderes en el mercado turístico mundial, como sí lo es Costa Rica, han enfrentado este desafío con mayor visión y perspectiva a largo plazo, al integrar al Estado, la empresa privada, las municipalidades y las organizaciones internacionales en el mercadeo social de su cultura.
El mejor ejemplo de un estilo de exhibición que debemos cambiar es el Museo Nacional. En los últimos 12 años, la institución centenaria ha perdido un 63% de turistas extranjeros y la visitación de los nacionales se mantiene estancada desde el 2000. Estas cifras, si se contrastaran con el crecimiento de la población y de la industria turística, serían mucho más alarmantes.
A pesar de renovaciones parciales, una entrada nueva, un mariposario y algunas salas remozadas, el Museo Nacional se quedó anclado en el tiempo. El visitante, local o extranjero, espera encontrarse con el gran legado precolombino del que justamente presumimos en el mundo, y se siente defraudado. Es natural que sus aspiraciones se vean satisfechas en otros centros como el Museo del Oro o el Museo de Jade.
También es digno de mencionar que las poblaciones originales o autóctonas de las que provienen las colecciones precolombinas del Museo Nacional tampoco tengan acceso a su herencia, ante la ausencia de museos provinciales o regionales de importancia. Como se ha dicho hasta la saciedad, la oferta cultural se limita al área metropolitana y casi todos los museos, a la ciudad de San José.
Por encima de la decisión que tome la Sala IV, en cuanto a la impugnación de la Ley N.° 6.750, es indispensable que el Estado tome conciencia del valor que tienen sus colecciones históricas y artístico-culturales, y que busque la forma de ponerlas a disposición de los ciudadanos. No se trata de vender nuestro patrimonio o de “afán de lucro”, como aducen algunos funcionarios estatales.
Una adecuada política de gestión de las colecciones nacionales es la mejor alternativa para contribuir con su acopio, conservación y manejo, y la única forma de que el costarricense se apropie de su patrimonio artístico.
