El presidente se queja de que las buenas noticias son “muy bien disimuladas”, pero La Nación ha publicado todas las que cita como ejemplo

 3 marzo, 2015

En un artículo publicado en la sección de Opinión de este diario, el presidente, Luis Guillermo Solís, invita a reconocer la verdad y atribuye las malas percepciones de la labor gubernamental a “un acoso mediático cotidiano en el cual el uso de titulares alarmistas o abiertamente falsos, de malas noticias subrayadas y buenas noticias muy bien disimuladas se ha convertido en regla”.

Aceptamos la invitación a reconocer la verdad y comenzamos, en este primer editorial, por dejar sentada la inexistencia de la práctica, supuestamente convertida en “regla”, de disimular las buenas noticias. Para hacerlo, también aceptamos, punto por punto, la lista propuesta por el señor presidente. Las fechas de publicación se citan solo a manera de ejemplo porque, en la mayoría de los casos, la lista sería muy amplia.

Según el mandatario, “se ha iniciado la construcción de la terminal de contenedores en Moín y el nuevo muelle multipropósito en Caldera”. Ambas noticias fueron objeto de extensa cobertura en La Nación, con titulares dominantes en la primera página (ediciones del 16 de setiembre, 18 de diciembre y 13 de febrero).

“Se han aprobado las leyes que permitirán obras tan importantes como la carretera Alajuela-San Ramón y la ampliación de la carretera a Limón”. Ambas noticias fueron cubiertas por La Nación aunque, en el segundo caso, fue imposible omitir los cuestionamientos expresados por el partido de gobierno cuando la administración Chinchilla negoció el financiamiento chino (ediciones del 5 y 26 de febrero). Los cuestionamientos se mantuvieron a lo largo de la campaña electoral y, ya iniciada esta administración, el ministro de Transportes los reiteró ante los diputados. El súbito cambio de parecer es, cuando menos, llamativo. Está por verse, además, la suerte de ambos proyectos. Hacemos votos para que sea buena, pese a las dudas existentes.

“Se han denunciado (como nunca se hizo antes) las convenciones colectivas de bancos e instituciones públicas para renegociar sus términos de referencia cuando sean abusivos”. La noticia ha sido objeto de extensa cobertura en La Nación (edición del 31 de octubre), con la salvedad de que no podemos compartir la frase “como nunca se hizo antes”. Gobiernos anteriores han recurrido, incluso, a la Sala Constitucional para combatir privilegios excesivos, lo cual no resta méritos a los esfuerzos de la actual administración, pero tampoco permite convertirlos en hito histórico. Los resultados de esos esfuerzos están por verse y habrá un mejor momento para valorarlos.

“Se ha iniciado una reestructuración de los regímenes de salarios y bonificaciones de la banca nacional”. Si “se ha iniciado”, los resultados también están por verse, pero no puede decirse que La Nación haya dejado de informar profusamente al respecto (ediciones del 22 y 30 de enero y 2 de marzo). No es un buen inicio, sin embargo, el nombramiento de nuevos gerentes con salarios apenas un poco menores y la creación de subgerencias con salarios muy generosos. El balance final, al menos en el Banco de Costa Rica, es negativo.

“Se han introducido enormes economías en gastos injustificados o abusivos en ministerios y otras entidades del Gobierno central; se han congelado más de 2.000 plazas en el sector público; se intentó poner en regla –y seguimos en ello pese a las resoluciones de la Sala Constitucional– los regímenes de pensiones que otros gobiernos nunca tutelaron”. No hemos informado de las “enormes economías”, pero sí de la contención del aumento en el gasto, que creció un 9,3%. Ese aumento es el más bajo desde el 2011, como oportunamente lo informamos (edición del 27 de enero).

Sabemos, sin embargo, que el presupuesto aumentó un 19% y que la asignación de recursos a las universidades fue, en efecto, enorme. Sabemos del intento de comprar un edificio para el Ministerio de Hacienda por $121 millones y de la directriz presidencial, luego rectificada, que instruía a los ministros a ejecutar la totalidad del presupuesto. El diputado oficialista Ottón Solís la entendió de la misma manera porque, preocupado, dirigió una carta a los ministros para recordarles que el presupuesto es una autorización, no una obligación de gastos.

En cuanto a las pensiones, informamos con grandes titulares sobre los esfuerzos del Gobierno, pero también del envío del proyecto de reforma de las jubilaciones del Poder Judicial sin añadirle una coma a lo escrito por la propia Corte Suprema de Justicia, tanto así que el Gobierno se vio obligado a decir que la única intención fue abrir la discusión. Informamos del intento de limitar las pensiones de lujo. También lo celebramos, pero no dejamos de señalar que la medida solo afecta a 910 personas y apenas ahorra ¢12.000 millones al año. Está, pues, muy lejos de representar una solución (ediciones del 6 y 9 de agosto).

“El pago puntual y previo al inicio de clases del Fondo Nacional de Becas por primera vez en seis años” también fue objeto de amplísimas informaciones. Es, sin duda, un logro de la actual administración (27 de enero y 6 de febrero).

“El país es el quinto en crecimiento en América Latina; ha disfrutado ocho meses de estabilidad monetaria; no ha crecido tampoco el déficit fiscal que, recibido de la administración anterior en un 5,7% del PIB, se calculaba aumentaría en más de un punto durante el año 2014”. La cifra oficial del Ministerio de Hacienda es 5,6%, como lo dimos a conocer en su momento. Efectivamente, no aumentó de conformidad con los cálculos, no de la prensa, sino del Banco Central en esta misma administración.

La noticia publicada por La Nación no se centra en el resultado de esta administración, muy parecido a lo ocurrido en años recientes. Por el contrario, señaló que por quinto año consecutivo el déficit superó el 4%, lo cual es insostenible (edición del 27 de enero). El déficit del 2013 fue un 5,4%; el del 2014, un 5,7%, como dice el presidente, pero su administración tiene una parte de responsabilidad por lo ocurrido en ese año. El del 2015 se proyecta, también, en un 5,7%, sin crecimiento y sin mejora. Ojalá la proyección del 6,6% en el 2016 no se cumpla. Por otra parte, hemos elogiado la política monetaria y cambiaria del Banco Central (10 de noviembre y 9 de febrero).

La Nación ha informado del ritmo de crecimiento, aunque no del quinto lugar mencionado por el presidente. Tampoco hemos señalado que, de acuerdo con la Cepal, somos novenos en una lista de 20 países latinoamericanos. América Latina está creciendo a un ritmo del 2%, y nuestro 3,5%, suficiente para ubicarnos en el quinto o noveno lugar, según el ranquin que se prefiera, no alcanza para crear la prosperidad y las oportunidades de empleo necesarias. El crecimiento tampoco supera el experimentado en administraciones anteriores.

Recaudación y calificaciones. “Gracias a los esfuerzos del Ministerio de Hacienda, la recaudación fiscal ha mejorado. Al cierre de diciembre del 2014 creció un 6%, más de ¢200.000 millones. Tanto, que la última calificación de Standard & Poors (que nuestros adversarios adelantaban decrecería) se mantuvo con nota de ‘estabilidad’”. La Nación informó del cierre del año 2014 y dio cuenta del incremento en la recaudación y de la puntuación de Standard & Poors que, no obstante, se produjo luego de la degradación de la calificación de Moody’s, la cual, a diferencia de Standard & Poors, nos otorgó grado de inversión. La calificadora citada por el mandatario, sin embargo, no dejó de señalar las deficiencias que podrían afectar negativamente las evaluaciones futuras (27 de febrero).

Es interesante contrastar la importancia que le da el Gobierno a la calificación de Standard & Poors, que mantuvo la nota de años anteriores, con el desdén demostrado hacia la otorgada por Moody’s cuando redujo la nota de manera preocupante.

Según el mandatario, la administración “ha generado más de 5.000 empleos al año y lo seguirá haciendo a lo largo de todo el 2015 pese a las cifras alarmantes de desempleo” que heredaron, y se cuenta ya “con una Banca de Desarrollo y programas de fomento para las pequeñas y medianas empresas que finalmente caminan”. No informamos de la creación de 5.000 empleos. El dato está contenido en la publicación donde dimos cuenta de la pérdida de 30.880 empleos, según la medición del último trimestre del año pasado. Si no se hubieran creado los 5.000, suponemos que la pérdida habría sido de 35.880 (13 de febrero). Sobre la Banca para el Desarrollo, un proyecto tramitado desde la administración Chinchilla, informamos oportunamente (27 de junio).

Por último, habla el presidente de la “defensa de la producción arrocera y azucarera, promoción de las exportaciones de café, entre otras, y estabilidad de las tarifas eléctricas”. Informamos ampliamente sobre el aumento del proteccionismo para el arroz, pero lo criticamos porque implica un alto costo para los consumidores, en especial para los de pocos ingresos. También informamos de la marcha atrás en el levantamiento de barreras arancelarias para evitar problemas con la Organización Mundial del Comercio (9 de enero y 19 de febrero). En cuanto a las tarifas eléctricas, los recientes aumentos están a la vista y ninguna contención producto de la caída en los precios del petróleo es para presumir, porque el combustible se abarata para todos y la caída generalizada del precio no nos hace más competitivos.

En suma, La Nación –y es preciso señalar que otros medios también– ha publicado todas las buenas noticias que según el presidente “se disimulan muy bien”, aunque, desde nuestro punto de vista, no todas son tan buenas. No hemos escatimado elogios para las que realmente lo son.

Pero hay un aspecto del artículo del presidente que no podemos dejar de notar. El desempleo, el déficit y otros problemas son herencias del pasado, aunque el primero sufrió un dramático deterioro en el último trimestre del 2014 y esta administración elevó el presupuesto en un 19%. La Banca para el Desarrollo y la ruta 32, en cambio, no son reconocidas como herencia, aunque fueron impulsadas por la administración anterior, con fuerte oposición del PAC en el segundo caso. Tampoco es herencia el crecimiento económico, aunque se parece mucho al de años anteriores, ni la terminal de contenedores en Moín ni el nuevo muelle de Caldera. Hay verdades que es preciso reconocer.