La institución podría despejar las dudas sobre la legalidad de su incursión en el desarrollo de infraestructura vial con solo consultar a la Procuraduría

 4 septiembre, 2015

Con demasiada frecuencia, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confunde sus intereses con los del país y construye una falsa identidad entre sus destinos y los de Costa Rica. La institución ha desempeñado un importante papel histórico, pero de ahí a justificar su creciente autonomía y alergia a la rendición de cuentas hay un largo trecho.

Un editorial de este diario cuestionó los planes del gobierno de recurrir al ICE para construir infraestructura ajena a su giro normal y, en un ejercicio típico de la línea de razonamiento descrita, el presidente ejecutivo, Carlos Manuel Obregón, nos acusa de “bloquear” la construcción de obra pública. Es decir, si el ICE no la hace, no se hará nunca y quien ose criticar la incursión del instituto en la materia, en realidad tiene la oculta intención de impedir el desarrollo.

La osadía de nuestro editorial parte de un dato irrefutable: según la Procuraduría General de la República, el ICE está destinado, por ley, al desarrollo de la electricidad y las telecomunicaciones. Ese marco legal no le permite participar en la construcción de infraestructura vial y si su concurso se estimara conveniente, haría falta una reforma legislativa.

Es, entonces, la Procuraduría la “enemiga” del desarrollo de obra pública. Sus motivaciones, si se excluye la obvia defensa de la legalidad, serían tan difíciles de explicar como las nuestras. Lleva razón el presidente ejecutivo cuando habla del “clamor generalizado para que se reactive la obra pública y la economía”, pero no hay explicación imaginable para que La Nación y los procuradores, como ciudadanos, se abstengan de sumarse a ese clamor.

El propio presidente ejecutivo lo admite cuando declara “inexplicable” nuestro “afán por frenar la salida del país del bache de más de treinta años en infraestructura”. En efecto, si no hay explicación es porque la lógica más elemental apunta a que nuestro ferviente deseo es el mejoramiento de la infraestructura nacional, como lo hemos expresado en infinidad de editoriales.

Frenar la reactivación de la economía, obstaculizar el desarrollo de obra pública e impedir la superación del mencionado “bache” de tres décadas no conviene a nadie. Ojalá lo comprendiera el gobierno del cual don Carlos forma parte, que prefiere conservar los privilegios de unos pocos a costa de reducir, una vez más, las partidas presupuestarias destinadas a inversión y que renuncia a múltiples formas de avanzar en la ejecución de obra pública para ofrecer solo una: el ICE, porque el contrato chino está en veremos y también el fideicomiso de San Ramón.

Lo que el presidente ejecutivo encuentra “inexplicable” se explica con facilidad. Por un lado, existen las dudas contenidas en el dictamen de la Procuraduría y el texto de la ley. Por otro, hay razones de conveniencia, no vinculadas con las páginas gloriosas de la historia del ICE, sino con su ejecutoria más reciente.

Para discutir en serio sobre la segunda duda, el ICE podría despejar la primera en un santiamén. La consulta a la Procuraduría fue planteada por el diputado Otto Guevara. Por eso no es vinculante para el ICE. Según la ley, la observancia del criterio de la Procuraduría solo sería obligatoria si el ICE plantea la consulta. Si don Carlos la presentara, no cabría duda de la buena fe de la institución y, de paso, quizá despeje el camino para sus planes. Cuando menos, si la respuesta es distinta a la recibida por el diputado Guevara, sustraería del debate una fuerte objeción.

La réplica de don Carlos a nuestro editorial exuda certeza sobre la legalidad de incursionar en la construcción de obra pública no relacionada con la actividad normal de la institución. No hay, pues, por qué temer a una respuesta vinculante de la Procuraduría. Con el documento en mano, estaremos felices de admitir que la respuesta originalmente obtenida por el diputado Guevara nos indujo a error.

Se despejarían también las dudas expresadas por el presidente de la República cuando declaró: “Si esto no se puede hacer sin modificar la ley, como dice la Procuraduría, valdría la pena valorar la posibilidad de una modificación legal”. No haría falta el trámite legislativo y el país se ahorraría una discusión inútil.

Podríamos debatir entonces las objeciones relacionadas con la conveniencia y don Carlos explicará cómo la institución, que no ha logrado ayudar al presidente a cumplir una de sus más sonadas promesas de campaña, la reducción de las tarifas eléctricas, será un modelo de eficiencia a la hora de ejecutar obra pública.

La rebaja prometida es un “clamor” tan intenso como el de la reactivación económica y el desarrollo de infraestructura que el gobierno no ha podido lograr. Hay razones para dudar de que el ICE sea la solución cuando su subsidiaria, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), más bien acaba de solicitar un aumento del 35,5% que no contribuirá a cumplir la promesa de campaña frente a sus 520.000 abonados.

La CNFL, como todos sabemos, cerró el 2014 con una pérdida de ¢42.549 millones, luego de otra de ¢35.000 millones en la represa hidroeléctrica Balsa Inferior, para cuya construcción el ICE brindó su “respaldo”, según el término utilizado por el presidente ejecutivo.