Es preciso controlar el tránsito de los reguladores de las relaciones entre el Estado y el sector privado hacia cargos en los sectores afectados por su gestión

 12 septiembre, 2015

La exviceministra de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Silvia Bolaños es ahora, a la vuelta de año y medio, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), donde se agrupan empresas de servicio público en su momento beneficiadas por decisiones del Ministerio.

Hace cuatro meses, la exfuncionaria dejó una plaza de asesora en el MOPT, que tuvo congelada durante año y medio después de retirarse del viceministerio. Desde el alto cargo ocupado en la pasada administración, le correspondió dar a conocer polémicas decisiones pertinentes a la regulación del transporte público.

Bolaños informó al país de la renovación de 250 concesiones de rutas, por siete años, al final de la administración pasada. Las concesiones debían ser renovadas en setiembre del 2014, por el nuevo gobierno, pero el MOPT intentó adelantar el trámite a mayo. La propuesta, como era de esperar, despertó polémica y no fue posible concretarla.

En el 2013, Bolaños anunció que el cobro electrónico y la adquisición de autobuses más amplios no serían requisito para renovar las concesiones, con lo cual el gobierno removió de hombros de los empresarios una exigencia contra la cual había protestado.

Nada demuestra una relación entre las decisiones del MOPT y el nombramiento de la exviceministra en el cargo de directora de Canatrans. La exfuncionaria dice haber consultado a la Procuraduría General de la República, segura de no estar incurriendo en falta alguna al convertirse en empleada de los intereses que tuvo la responsabilidad de regular hasta hace apenas año y medio.

El caso, sin embargo, plantea un importante problema de política pública. La contratación de la exviceministra indica una relación cercana con los transportistas, no importa si se forjó antes o durante su ejercicio en el cargo público. Esa circunstancia se proyecta sobre las decisiones tomadas a lo largo de su gestión, en particular las más polémicas.

La inconveniencia de lo sucedido es indudable y apunta a la necesidad de legislar para eliminar, en el futuro, el problema de la puerta giratoria, consistente en el tránsito fluido de reguladores y otros responsables de las relaciones entre el Estado y el sector privado, desde puestos en la administración pública hacia cargos en los sectores afectados por su gestión.

El problema es objeto de debate en todo el mundo y muchos países han legislado al respecto, generalmente para imponer períodos de espera, exigir la revisión del caso por un organismo especial o limitar la participación del exfuncionario a actividades dentro de la empresa que no tengan relación con el gobierno.

En general, la idea es impedirle al funcionario beneficiar a un futuro empleador o utilizar las relaciones establecidas en la función pública para influir, desde la empresa privada, una vez abandonado el empleo público.

El tema tiene especial importancia en el caso del transporte, quizá el más relevante servicio público brindado por la empresa privada. La regulación determina calidad y precio, ambos factores críticos para buena parte de la población. Los intereses de los transportistas ya están representados, en exceso, en el Consejo de Transporte Público (CTP) y no les faltan recursos para contratar asesores y cabilderos destinados a la defensa del negocio. Fomentar, además, relaciones cercanas con los reguladores es a todas luces inconveniente.

El problema planteado no es, sin embargo, exclusivo del transporte público. La laguna legal en nuestro país es amplia y el Congreso debe considerar la posibilidad de remediarla con alcance generalizado.