De nuevo, el gobierno de Daniel Ortega ha violado nuestra integridad territorial, ha burlado las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha vulnerado principios elementales del derecho internacional, ha generado severos daños ambientales y ha reaccionado con su usual cinismo ante las claras evidencias de su actuar. De nuevo, nuestro país, como corresponde, ha reaccionado con firmeza y prudencia ante la agresión. El Ejecutivo ha recabado y obtenido el apoyo de todas las fuerzas políticas, ha activado los instrumentos políticos y diplomáticos oportunos para denunciar la violación de nuestra soberanía, ha levantado incontrovertible prueba sobre ella, y se apresta a realizar nuevas gestiones jurídicas en los estrados de La Haya.
Estamos, por desgracia, ante otro irritante y peligroso episodio en un ciclo de conflictos bilaterales activado por Ortega y su instrumento, Edén Pastora, en octubre del 2010, cuando tropas nicaragüenses ingresaron por primera vez en isla Calero, Costa Rica. Esa violación territorial había estado precedida por anárquicos dragados en el río San Juan, que culminaron con la incursión militar en la isla y la apertura de un canal artesanal que, prácticamente, la partió en dos y generó enormes daños ambientales.
La historia a partir de entonces es conocida para la mayoría de los costarricenses. De nuestra parte, ha tenido como hilo conductor una posición de defensa enérgica de la soberanía mediante los instrumentos del derecho internacional. Fue por esto que denunciamos a Nicaragua ante la CIJ menos de dos meses después de su primera invasión. La decisión sustantiva –o sentencia final– sobre el caso está pendiente, y tenemos gran confianza en que sea favorable a nuestro país. Entre tanto, a solicitud de Costa Rica, la Corte de La Haya ha dictado, en dos oportunidades, medidas provisionales para frenar las reiteradas incursiones nicaragüenses y proteger derechos que nos competen.
En su segundo grupo de medidas, anunciado el 22 de noviembre del año pasado, la Corte ordenó a Nicaragua frenar cualquier dragado u otras actividades en la zona; rellenar parte de lo excavado e informar “inmediatamente” de su conclusión; evacuar y abstenerse de enviar a la isla cualquier personal civil, policial o de seguridad, y evitar la entrada al territorio de civiles bajo su jurisdicción y control. Además, autorizó a que, previas consultas con la entidad internacional que vela por los humedales y comunicación a Nicaragua, Costa Rica tomara las “medidas apropiadas” para prevenir daños ambientales irreparables. El nuevo dragado violenta descaradamente estas órdenes. Por eso, Nicaragua no solo agrede nuevamente a nuestro país, sino también a la misma Corte Internacional de Justicia.
Tras conocer y documentar los hechos, el canciller, Manuel González, se apresuró a enviar, el martes 18, una nota de protesta a Managua, en la que exige “el cese inmediato de todas las actividades en la margen derecha del río San Juan, que es territorio indiscutiblemente costarricense”. Además, tanto él como el ministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa, advirtieron en una conferencia de prensa conjunta que cualquier operario nicaragüense que sea sorprendido en el territorio nacional realizando actividades de dragado y tala de árboles será detenido y puesto a la orden de las autoridades nacionales.
Tal como expresaron nuestras autoridades, se ha producido una seria agravación del conflicto desatado unilateralmente por Nicaragua hace cuatro años. Esto demuestra que el régimen de Ortega no tiene ninguna voluntad de buena vecindad con Costa Rica; peor aún: prosigue una deliberada política de reactivación del conflicto cada vez que lo estima conveniente para desviar la atención de su pueblo, con total desdén por el derecho internacional. En esta oportunidad, su gobierno enfrenta un serio y creciente descontento por tratar de imponer, a toda costa, el absurdo proyecto del “gran canal”, y han surgido indicios de un deterioro en las condiciones económicas del país.
Dada la solidez de la prueba recabada por Costa Rica y el desdeñoso cinismo de Pastora y Ortega, esperamos que este inaceptable hecho sirva para persuadir con mayor contundencia a la CIJ sobre la solidez del caso costarricense, y para que falle de una forma que restituya los derechos nacionales y cierre cualquier posibilidad de nuevas agresiones.
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