Más de la mitad de los motociclistas carecen de licencia de conducir, pero circulan sin temor a ser detenidos

 25 febrero

El 53% de los motociclistas admitió ante los encuestadores de la Universidad de Costa Rica la carencia del más elemental requisito para circular por las vías nacionales en un vehículo de dos ruedas: una licencia tipo A. La verdadera estadística podría ser mayor, si se toma en cuenta la tendencia de los entrevistados a no admitir hechos u opiniones vergonzosos.

El dato dice mucho sobre el estado de nuestras vías y contribuye a explicar la altísima siniestralidad. La conducción sin licencia es un grave problema, pero quizá deba preocuparnos más como síntoma de una dolencia peor. Si uno de cada dos motociclistas circula sin un requisito tan esencial, queda comprobada la inoperancia de la ley de tránsito, pese a sus múltiples reformas y la drasticidad de sus sanciones. Las vías costarricenses son, simplemente, tierra de nadie.

Las conductas temerarias y desconsideradas de los conductores nacionales no pueden ser modificadas por normas estrictas cuyo cumplimiento no pasa de la teoría. Las sanciones son eficaces cuando la posibilidad de sufrirlas es alta, más que cuando sus consecuencias son drásticas, como lo tienen bien acreditado los criminólogos. Nada lo comprueba mejor, en el caso de la circulación vial, que los datos de la encuesta citada, salvo, quizá, el ilícito escándalo de los tubos de escape, una sonora y pública confesión de menosprecio a la ley.

Los resultados de la encuesta ofrecen la oportunidad de insistir sobre la necesidad de mejorar la vigilancia de calles y carreteras, tanto con la incorporación de recursos tecnológicos como con la ampliación de los recursos humanos disponibles. Año con año las estadísticas de las tragedias viales aumentan y se lamentan, pero la inversión en seguridad se mantiene en niveles claramente insuficientes.

El país sufre importantes problemas presupuestarios pero, en comparación con rubros menos urgentes, las necesidades de la Policía de Tránsito son modestas y podrían tener un importante impacto en la seguridad y la calidad de vida, además de aminorar el efecto económico de la atención médica y las pérdidas materiales.

El año pasado, el 43% de los muertos en accidentes viales fueron motociclistas y, según el Instituto Nacional de Seguros (INS), se vieron involucrados en un 58% más de percances que en el año anterior. El INS pagó ¢31.200 millones para atender las colisiones y a eso hay que sumar gastos adicionales de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La conducción de motos sin licencia es un fenómeno conocido por autoridades del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), cuya directora se queja de la adquisición de motos por quienes no tienen permiso para conducirlas. También Mario Calderón, director de la Policía de Tránsito, admite conocimiento del problema y dice que no es inusual detectarlo cuando detienen a algún conductor en las calles.

Calderón señala una debilidad en la ley, cuyo texto permite manejar moto con licencia B1, de automóvil, en las vías secundarias. Parece tener razón, pero el punto es que los conductores se atrevan a salir de los caminos rurales en abierta violación de la ley porque la posibilidad de ser detectados es poca.

La ley puede ser reformada una y otra vez, sea para incluir más conductas nocivas o para agravar las sanciones, pero el talón de Aquiles de la seguridad vial está en la falta de vigilancia. Sin ella, las reformas, como la recién promovida para perfeccionar la regulación de los niveles de ruido, no tendrán los efectos necesarios y deseados por la ciudadanía, que tiene derecho a transitar sin peligro por las calles y a descansar sin sobresaltos en las casas.