Guatemala necesita una sucesión de correctos ejercicios presidenciales para fijar el rumbo democrático y lograr la estabilidad

 2 septiembre

La incertidumbre política e institucional mantiene a Guatemala en estado de agitación, una vez más. En esta oportunidad, el remezón nace de la decisión del presidente, Jimmy Morales, de expulsar a Iván Velásquez, exmagistrado de la Corte Suprema de Colombia y cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desde el 2013.

Bajo la dirección de Velásquez, la Comisión logró que el presidente Otto Pérez Molina renunciara para ser juzgado por corrupción y por sus vínculos con el narcotráfico. Ese solo hecho permite calibrar el significado de la entidad para la nación hermana.

Los rumores sobre la posible remoción de Velásquez comenzaron a circular semanas atrás, lo cual preparó el terreno para las masivas protestas públicas del domingo, cuando el presidente Morales firmó órdenes para disolver la Comisión y expulsar a Velásquez de Guatemala.

El escándalo repercutió, de inmediato, en todo el continente y más allá. Morales no midió correctamente la fuerza de la oposición contra su mandato y contra las maniobras para librarse del escrutinio del organismo internacional, cuyas investigaciones ya tocaban a su puerta.

Recursos interpuestos ante la Corte Suprema guatemalteca contra las maquinaciones del mandatario frenaron la expulsión de Velásquez. Las Naciones Unidas proclamaron a los cuatro vientos la integridad ética del funcionario. Asimismo, voceros de la Casa Blanca y el Congreso estadounidense señalaron el papel central de Velásquez en la investigación de los vínculos subterráneos del narcotráfico y en el logro de un grado de transparencia en el Gobierno guatemalteco.

Al presidente no debió tomarlo por sorpresa que la fiscala general Thelma Aldana y la Comisión presidida por Velásquez pidieran a la Corte Suprema retirarle la inmunidad por transacciones ilegales durante la campaña electoral del 2015. La crisis se profundizó con las renuncias de miembros del gabinete, incluido el canciller, la ministra de Salud Pública y el principal asesor económico.

En el marco de esos hechos, el intento de decapitar a la Comisión es una torpeza extraordinaria. Morales no debió ignorar el antecedente de las protestas populares que culminaron con el derrumbe del gobierno anterior y su elección, irónicamente lograda con promesas de lucha sin cuartel contra la corrupción.

Como humorista profesional, con una carrera exitosa en la televisión guatemalteca, quizás todavía piense que sus chistes logren mantenerlo en la presidencia de Guatemala, pero todo indica, en consonancia con el título de la ópera italiana, que la comedia ha terminado.

Faltan los últimos actos, siempre con riesgo de acontecimientos violentos. El comprensible enojo de los manifestantes hace temerlos. Morales ahora representa una esperanza traicionada y el grado de frustración es alto.

Al menos durante un período de estabilización, existe la posibilidad de un realineamiento del poder institucional, que parece centrarse en la Corte Suprema de Justicia y no en la Presidencia. Guatemala necesitará tiempo y abundante praxis democrática para alcanzar la normalidad.

El país enfrenta retos formidables en lo económico y en lo social. Son problemas de vieja data a los cuales se suman el crimen organizado y la deslegitimación de las instituciones democráticas. La recuperación no será obra de un solo gobierno. Hará falta una sucesión de correctos ejercicios presidenciales para fijar el rumbo democrático. Morales prometió encabezar el primero, pero la esperanza se desvaneció con el intento de descabezar a la Comisión Internacional contra la Impunidad.