Es preciso fortalecer la supervisión e imponer sanciones sin miramientos. Sobre todo, es necesario promover en el país una cultura de prevención

 26 mayo, 2016

La prevención no es nuestro fuerte. En los últimos días, La Nación ha publicado informaciones sobre importantes riesgos subsistentes en el país pese a reiterados llamados a resolverlos, en ocasiones provenientes del Cuerpo de Bomberos, en otras, de las autoridades reguladoras y, muchas veces, de la prensa.

Edificios públicos y privados incumplen requisitos establecidos por ley. Hay salidas de emergencia cerradas o mal iluminadas, pasillos bloqueados y puertas obstruidas. El Cuerpo de Bomberos señaló faltas como esas en algunos centros comerciales visitados por decenas de miles de personas todos los días. Hallaron fallas detectadas desde la aprobación de los diseños, pero no se hicieron las correcciones necesarias. En edificios más viejos hay también problemas con las instalaciones eléctricas que, según las estadísticas del Cuerpo de Bomberos, son la principal causa de los incendios en nuestro país, la mayoría de las veces en casas de habitación.

Pero la falta de prevención trasciende las edificaciones. El problema de los hidrantes es bien conocido desde hace décadas. Ocho años después de promulgada una ley para dar fin al problema, se calcula un faltante de 5.000 hidrantes y siete municipalidades se han visto enfrentadas con los bomberos por la deficiencia.

Más peligrosa todavía es la instalación de hidrantes viejos o con pobre mantenimiento. Están a la vista para dar una falsa sensación de seguridad y su inoperancia solo queda al descubierto en el momento de una emergencia. Las unidades de socorro no logran extraer de ellos una sola gota de agua y, en el mejor de los casos, el abastecimiento es insuficiente. Si bien la ley exige tubos de cuatro pulgadas y un caudal de 500 galones por minuto, es frecuente el hallazgo de hidrantes alimentados por tubería de dos pulgadas, con la mitad del abastecimiento necesario.

En el segundo semestre del año pasado, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) inspeccionó 338 gasolineras. En promedio, cumplían apenas el 64% de las normas vigentes. En 16 de ellas, el botón que impide el ascenso del combustible desde los tanques estaba averiado. En caso de sismo o accidente, no habría manera de parar el flujo.

Solo tres de las estaciones de servicio cumplían el requisito de señalar la trayectoria de las tuberías subterráneas y en 256 de ellas se constataron fallas en la instalación eléctrica de los surtidores. En la mayoría de los expendios de combustible se omite la revisión mensual de los extintores.

La Intendencia de Energía de la Aresep también condujo 354 inspecciones en las empresas comercializadoras de gas y encontró 3.014 cilindros ayunos de las condiciones mínimas de seguridad. Ninguno de ellos debería estar en el mercado, pero iban y venían sin impedimento, con grave riesgo para los usuarios.

El 43% de los cilindros revisados no tenía el espesor mínimo establecido por las normas centroamericanas. El 7% sufría los efectos de la corrosión y el 3% presentaba fugas. El reglamento técnico emitido para regular los envases de gas existe desde hace una década. Para asombro de las autoridades, encontraron también cilindros nuevos que incumplen las normas establecidas desde entonces.

El transporte es otra fuente de riesgos, atenuada por la revisión técnica, pero magnificada por la falta de supervisión en las vías. Existe el negocio de alquiler de piezas en buen estado, como las llantas, para facilitar el paso por la revisión. Posteriormente, los riesgos se vuelven a incorporar al vehículo sin temor a una inspección en carretera.

En todos los casos mencionados, es preciso fortalecer la supervisión e imponer sanciones sin miramientos. Sobre todo, es necesario promover en el país una cultura de prevención, sea frente a errores humanos o fenómenos naturales. Hay muchas vidas en juego y la irresponsabilidad no debe ser tolerada.