Opinión

EDITORIAL

Las juntas de educación

Actualizado el 26 de marzo de 2013 a las 12:00 am

El MEP pretende aclarar la pertenencia de las juntas a su ámbito de acción y fortalecer los controles sobre la inversión de su cuantioso presupuesto

La iniciativa suscita críticas en los pasillos de algunas municipalidades, preocupadas por preservar la influencia ejercida hasta ahora

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El modelo educativo costarricense contiene un importante elemento de representación comunal cuyo propósito es introducir un grado de sensibilidad a las necesidades específicas de cada zona y fortalecer los vínculos entre los centros educativos y sus usuarios.

Las 3.721 juntas de educación contribuyen al manejo de importantes programas en las escuelas y 641 juntas administrativas cumplen similares funciones en los colegios. En conjunto, administran un fondo de ¢146.000 millones girados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) para sufragar los gastos operativos, el mantenimiento de la infraestructura y el funcionamiento de los comedores escolares.

Unos 22.000 ciudadanos integran las juntas en todo el país sin obtener retribución económica a cambio. Su disposición a servir es encomiable y su número acredita el importante grado de participación comunal en la administración de una de las funciones estatales más relevantes.

Existe, sin embargo, una laguna significativa en la supervisión de esas labores y la fiscalización del uso de tan cuantiosos recursos. Así lo han señalado la Contraloría General de la República y la auditoría del MEP. Para comenzar, el equilibrio entre la participación local y la conducción nacional se resquebraja cuando las municipalidades se apartan de las ternas propuestas por el Ministerio para integrar las juntas.

No existe, además, uniformidad de criterios para la fiscalización. Según Mario Mora, viceministro de Planificación Institucional del MEP, algunas instituciones rinden informes trimestrales; otras, dos veces al año; muchas, cuando se les antoja; y varias, simplemente, no lo hacen. La ausencia de un procedimiento dificulta la remoción de las juntas cuando surgen cuestionamientos a la ejecutoria.

El MEP pretende corregir las deficiencias con la promulgación de un nuevo reglamento cuyo articulado exigirá informes trimestrales y apego de las municipalidades a las ternas sometidas a su consideración por el Ministerio. También aclarará el procedimiento a seguir cuando una junta resulte ineficaz o uno de sus miembros falte a sus deberes.

La iniciativa ya suscita críticas en los pasillos de algunas municipalidades, preocupadas por preservar la influencia ejercida hasta ahora. Rolando Rodríguez, presidente de la Unión de Gobiernos Locales, sugiere la adopción de reglamentos municipales para llenar los vacíos normativos existentes en la actualidad.

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El MEP más bien pretende aclarar la pertenencia de las juntas a su ámbito de acción, pese a la potestad de nombramiento concedida a los ayuntamientos. El viceministro Mora insiste en la necesidad de eliminar “algunas tentaciones o malas interpretaciones” conducentes a dar la impresión de que las juntas responden a directrices municipales.

La naturaleza de los problemas detectados inclina la balanza a favor de la tesis del Ministerio. La falla está en la dispersión, la falta de criterios uniformes y la indefinición de las responsabilidades. No es factible corregirla mediante la aprobación de decenas de reglamentos redactados a gusto de los gobiernos locales.

Si bien la participación comunal en la administración del presupuesto educativo tiene méritos indiscutibles, la dispersión de los mecanismos de control y fiscalización de las inversiones crea riesgos considerables. La iniciativa del MEP comprende también las responsabilidades de los directores de los centros educativos y los supervisores regionales.

Romper la cadena de supervisión o distorsionarla con la creación de áreas grises derrota el propósito del MEP y no resuelve las inquietudes expresadas por la auditoría interna y la Contraloría General de la República.

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