EscucharLa manía de acudir a las urnas en procura de legitimar pretensiones arbitrarias no es exclusiva de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). El gobierno de Porfirio Lobo en Honduras tomó nota del método y anuncia la intención de imponer, mediante referendo, una reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones cuyo contenido es lesivo para la libertad de expresión.
El Congreso hondureño se rehúsa a discutir el proyecto y Lobo responde con el anuncio de colocar urnas especiales durante las comicios programados para noviembre con el objeto de que el pueblo decida.
El chavismo no ha querido comprender, como tampoco Lobo, que las mayorías no pueden imponer cortapisas a las libertades individuales y ninguna manifestación popular puede legitimarlas.
El propósito del presidente reviste una profunda ironía, porque su elección responde a la crisis desatada cuando su antecesor, Manuel Zelaya, anunció la decisión de instalar una “cuarta urna” en los comicios programados para noviembre del 2009. Su intención era obtener respaldo ciudadano a la convocatoria de una asamblea constituyente destinada a abrirle el camino a la reelección. La oposición a la ilegítima iniciativa llevó a Zelaya a programar una “encuesta”, ejecutada como si se tratara de un proceso electoral, para consultar a los votantes si estaban de acuerdo con la colocación de la cuarta urna.
El resultado, según Zelaya, sería un mandato popular capaz de oponerse a las normas constitucionales y legales vigentes, que tenían mucho de criticable pero no podían ser reformadas por un golpe electoral. Las pretensiones de Zelaya, un chavista destacado, fueron invocadas para justificar el golpe de estado que condujo a la celebración de nuevos comicios y, en definitiva, a la elección de Lobo.
Hoy, el mandatario pretende hacer uso del mismo método para imponer cortapisas a la libre expresión, tan molesta para los gobernantes autoritarios. Honduras es uno de los países más peligrosos para la profesión periodística. Los asesinatos impunes la ponen a la cabeza de las naciones azotadas por la violencia contra los informadores. Es mal momento para añadirles restricciones impuestas por ley.
La pretensión de Lobo parece extraída del libreto del ALBA, pero el artífice es un político de signo contrario. La coincidencia prueba la afinidad creada por las pretensiones autoritarias, sin importar su signo o coartada ideológica.
Los impulsores de la reforma dicen estar preocupados por la concentración de medios en pocas manos y la necesidad de distribuir con mayor equidad el espectro radioeléctrico. Sin embargo, el proyecto reserva el 34% del espectro “para satisfacer las necesidades comunicacionales del Estado, Gobierno de la República y gobiernos municipales o mancomunidades” y sus disposiciones tornarían precarias las concesiones, creando una relación de dependencia entre los medios electrónicos y el Estado.
Asimismo, la propuesta crea la Comisión Reguladora de Programación, facultada para suspender o revocar concesiones cuando el medio difunda determinados contenidos. En suma, la ley incrementaría la presencia de la “información” gubernamental e infundiría temor a los medios independientes. Frank La Rue, relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, no ocultó su temor al efecto intimidatorio de la comisión y señaló que la modernización de la legislación sobre telecomunicaciones es un tema aparte de la regulación del contenido.
La iniciativa del presidente Lobo no dista mucho de las “modernizaciones” emprendidas en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Los argumentos son también muy similares, pero nada alarma tanto como la adopción del método de legitimar las arbitrariedades en las urnas.
