EscucharLas propuestas de la comisión nombrada por la presidenta de la República para estudiar la reforma institucional comienzan a hacerse de conocimiento público, con cuentagotas y con uno de los planteamientos más polémicos como mascarón de proa. El llamado a esperar la publicación integral del documento antes de criticarlo es justo, pero iluso.
No es posible revelar la intención de aumentar el número de diputados y permitir su reelección sin desatar, de inmediato, la polémica. La percepción más simplista es que la comisión propone aumentar la cantidad de integrantes de una institución muy desprestigiada y crear la posibilidad de perpetuarlos en el ejercicio del poder. Más de lo mismo y por más tiempo.
Quizá el documento contenga razones atendibles para fundar el planteamiento, pero su enunciación en el vacío es, cuando menos, una pésima estrategia de comunicación. Peor todavía es la revelación de desacuerdos sobre el tema en el seno de la comisión. La suma de esos factores es una invitación a especular y una renuncia a cualquier reclamo de precipitación en el juicio.
La comisión fue nombrada por la Presidencia con el encargo de tratar temas de la máxima importancia para la sociedad costarricense. Prolongó sus deliberaciones más allá de los plazos inicialmente establecidos. Hay expectativa por los resultados y también están en juego los intereses de diversos y muy importantes sectores. Si la revelación parcial centra la atención en un tema tan discutible como la ampliación del Congreso en número y años de servicio, es inevitable la proyección de las dudas al resto del contenido.
No conocemos aún los razonamientos de fondo para la propuesta de reforma a la Asamblea Legislativa, pero los inconvenientes saltan a la vista. Para comenzar, la reelección de diputados mediante el sistema de listas puede llevarnos al peor de dos mundos.
En muchos países existe la reelección de los integrantes del Poder Legislativo, pero también la posibilidad de negárselas individualmente por medio del voto directo dentro de circunscripciones electorales bien delimitadas. Los habitantes de un distrito electoral votan por un nombre y no una lista.
En otros países, como Costa Rica, el voto es una manifestación de apoyo a las listas propuestas por los partidos políticos, no a un candidato en particular. En esas circunstancias, la posibilidad de reelección es una oportunidad para entronizar en el poder a los operadores de la maquinaria partidista. La reelección se ganaría como hoy se gana la elección: un hábil manejo del puñado de integrantes de las asambleas distritales, cantonales y provinciales.
El híbrido entre los dos sistemas –la elección por lista y la reelección– agrava los peligros del clientelismo, el provincialismo y el tráfico de influencias, sin garantizar la calidad de los integrantes del Congreso. Por el contrario, puede generar una casta de gamonales de la política, entronizados sin remedio mientras cultiven con habilidad la satisfacción de intereses locales.
Si la propuesta de la comisión se complementara con la elección por distritos, se trataría de una reforma mucho más profunda. Plantearía el problema de la representación proporcional y afectaría intereses políticos muy concretos, todo lo cual pone en duda la viabilidad de la reforma. Todavía quedaría pendiente saber cómo el mayor número de legisladores agilizaría la labor del Parlamento.
El juicio concreto de la propuesta deberá esperar al 17 de enero, fecha fijada por la Presidencia para dar a conocer la redacción integral del documento, pero los problemas planteados demuestran la amplitud del espacio para la especulación y la magnitud de las dudas suscitadas por la prematura revelación de un planteamiento tan polémico. La especulación y las dudas crecerán a lo largo de la semana y se proyectarán sobre el documento en su conjunto para falsearle el punto de partida.
