En el 2011, Costa Rica invirtió el 0,46% del producto interno bruto (PIB) en investigación y desarrollo. Es una cifra muy pobre en comparación con países avanzados, pero no muy lejana de la realidad en países comparables. La inversión, como porcentaje del PIB, representa menos de la mitad de la meta fijada para el 2021. Los expertos no son optimistas sobre la posibilidad de elevar la inversión al 1% para ese año.
Los datos pueden ser vistos desde diversas ópticas. En primer lugar, si bien el gasto en inversión y desarrollo ha venido bajando en relación con el PIB durante los últimos tres años, también es cierto que aumentó en términos absolutos. La producción nacional creció con celeridad, lo cual deprime el porcentaje. La inversión de 0,54% en el 2009, por ejemplo, representó la suma de $158,9 millones. En el 2011, el 0,46% invertido significa $185,5 millones.
El gasto en inversión y desarrollo no es una solución mágica, pero sí un ingrediente necesario para alcanzar el éxito económico. En Costa Rica, las fuentes de esa inversión son tres: el sector académico, el Estado y la empresa privada. En ninguno es deseable el retroceso, pero la condición fiscal imperante pone techo a los dos primeros.
Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología, confía en la posibilidad de elevar el gasto a 0,75% del PIB en el mediano plazo gracias a un préstamo de $35 millones gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y los $200 millones que el Gobierno entregará a las universidades a lo largo de los próximos cinco años. Admite, eso sí, que la meta de invertir el 1% del PIB en el 2021 es difícil de alcanzar.
El crecimiento del gasto del sector privado es un componente indispensable para acelerar el ritmo. El año pasado, la inversión del sector público y la academia, vista en conjunto, apenas creció $1,2 millones gracias a un fuerte repunte de los centros de estudio. El aporte de la empresa privada fue modesto, pero representó $3,1 millones de aumento. La atracción de inversiones y el estímulo a las empresas orientadas a la tecnología ya rinde frutos, y señala el camino a seguir, pero el país no siempre se inclina por aprovechar las oportunidades.
Somos, por ejemplo, una de las pocas naciones donde no es posible hacer investigaciones clínicas para la industria farmacéutica. El proyecto de ley necesario para autorizarlas está empantanado en la Asamblea Legislativa, pese a las súplicas de expertos de la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico y la Academia Nacional de Ciencias, además del Ministerio de Comercio Exterior y las empresas del ramo.
La parálisis legislativa limita la participación de investigadores científicos nacionales en el avance de la ciencia e impide explotar las aptitudes ya desarrolladas por instituciones de educación superior y centros de investigación como el Cenibiot, el Instituto Clodomiro Picado y el INBio. En resumen, resta recursos a la investigación y desarrollo.
La investigación clínica es solo un ejemplo, pero en otras áreas del desarrollo también existe la impresión de que se puede hacer más para estimular el aporte del sector privado.
Antonio Collantes, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Hewlett Packard en Costa Rica, indica la necesidad de revisar la legislación y estimular el apoyo financiero a los emprendimientos en este campo.
Julio Calvo, rector del Instituto Tecnológico, señala el requisito de fortalecer la educación, particularmente en el idioma inglés y las matemáticas. Sin eso, expresó, es difícil convertir al país en una sociedad del conocimiento.
En las condiciones actuales, algunos expertos como Max Cerdas, del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit), ponen en duda la capacidad del país para ejecutar un presupuesto equivalente al 1% del PIB si lograra tenerlo. La suma de factores apuntados por quienes laboran en ese campo es, en sí misma, un plan maestro del diseño necesario para aproximar al país a la ambiciosa meta fijada para el 2021.