EscucharMauricio Sánchez y Carlos Ugalde, dos jóvenes indignados por los excesos de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), aprovecharon las redes sociales, en especial Facebook, para compartir su enojo y convocar una marcha de protesta. Cientos de ciudadanos acudieron. Los manifestantes llenaron tres de las cuatro vías del Paseo Colón, a lo largo de casi trescientos metros.
Comparada con otras manifestaciones, la concurrencia podría juzgarse modesta, pero los gobernantes y actores políticos cometerían un error si no tomaran nota. La protesta se produjo el sábado, bajo un sol inclemente. Nadie dejó de asistir al trabajo, no hubo permisos de empleadores para participar y quienes lo hicieron marcharon solamente por convicción.
Los encargados de la convocatoria no ofrecían beneficios concretos para los participantes. No se trataba de defender beneficios ni de reclamar nuevos derechos. El único propósito era protestar por el manejo de la refinadora, no en esta administración, sino a lo largo de décadas. No había ninguna otra motivación concreta ni promesas de beneficio personal.
Tampoco hubo maquinaria publicitaria, más allá del boca a boca y las redes sociales. Los medios de comunicación, nada acostumbrados a fenómenos como el ocurrido el sábado, mostramos poco interés en los días previos a la marcha. La información fue escasa.
Tampoco hubo transporte de manifestantes con uso de autobuses y otros medios empleados por organizaciones más sofisticadas. En determinado momento, los participantes recogieron dinero para pagar una hora más a los operadores del único vehículo con altavoces contratado para animar la caminata. La única evidencia de preparación fueron las camisetas alusivas al tema de la marcha, vestidas por un puñado de los asistentes.
En realidad, no hubo organización, solo convocatoria. Eso fue suficiente. Sánchez y Ugalde admiten, sin reservas, su falta de experiencia en la coordinación de manifestaciones. Por todos estos motivos, la protesta no tiene precedentes. Interpretar lo sucedido el sábado a partir de un simple conteo de cabezas podría llamar a engaño sobre su significado.
Hay un creciente enojo por los abusos del dinero público en los sectores privilegiados del Estado. La inacción de los responsables de poner coto a los excesos exacerba la disconformidad. También crece la conciencia sobre el impacto de los privilegios en la economía familiar y las finanzas nacionales.
Recope es una institución emblemática de los excesos y por eso no debe extrañar que se convirtiera en blanco del enfado de los manifestantes. Hace poco más de un mes, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) se rehusó, por primera vez, a trasladar a los precios del combustible el costo de los beneficios contemplados en la convención colectiva de la refinadora, incluidos el fondo de ahorro personal de los empleados, préstamos, servicios de soda, útiles, becas y servicios de salud, entre ellos los ginecológicos y psicológicos en un país donde existe la seguridad social pagada, también, por Recope como patrono.
Todas esas ventajas coexisten con generosos salarios y una larga lista de beneficios en lo relativo a cesantía, vacaciones, incapacidades y otros extremos, en una refinería donde nada se refina. Han pasado lustros desde el lanzamiento del supuesto plan de “modernización” con la parálisis de las plantas de Recope como único resultado, pese a los millones invertidos. La planilla, desde luego, no ha disminuido en la misma proporción que las actividades de la empresa.
En cambio, la refinadora se involucró en el polémico proyecto de construcción conjunta de una planta industrial con compañías chinas, de la cual a la fecha solo hay persistentes dudas y una considerable pérdida. La protesta del sábado envió un claro mensaje de reforma que no debe ser menospreciado.
