Opinión

EDITORIAL

La intervención de Judesur

Actualizado el 25 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur fue creada hace 15 años para combatir la pobreza y promover mejoras económicas en la región

La zona todavía está entre las más desfavorecidas del país en materia de empleo, vivienda, educación, acceso a agua potable y pobreza

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La Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), creada hace 15 años para combatir la pobreza y promover mejoras económicas y sociales en cinco cantones de la región Brunca, desova en silencio, como la tortuga, y no cacarea la postura, como la gallina, dice su presidente Jorge Jiménez. A juicio del Gobierno, la Contraloría General de la República y, en algunos casos, la auditoría interna, la diferencia está en que los huevos no eclosionan.

La zona está entre las más desfavorecidas del país en materia de empleo, vivienda, educación, acceso a agua potable y pobreza, pero Judesur cuenta con ¢17.000 millones en sus arcas, que representan el doble del plan de gastos aprobado para el 2015. La institución es reconocida por sus bajos niveles de ejecución presupuestaria y, también, por la ineficacia de muchas de las partidas ejecutadas.

La Contraloría señaló el primero de esos problemas en un informe del 2008: “No es posible que una población calificada como una de las más pobres del país cuente con una institución que, lejos de coadyuvar en la superación de esa pobreza, acumula recursos, aumenta sus gastos de administración y presenta serias dificultades de gestión”.

El segundo problema, el de la mala ejecución, queda en evidencia a partir de múltiples escándalos y la realidad de los proyectos enumerados en el reportaje publicado en nuestra edición de ayer: hay ¢300 millones invertidos en un edificio municipal que está en obra gris desde el 2012, otros ¢1.870 millones financiaron un matadero cuya subutilización es notoria y hay discrepancias en la documentación necesaria para justificar ¢300 millones destinados a la construcción del colegio de Puerto Jiménez.

La Contraloría también ha criticado los problemas de documentación, planificación y control, pero a ellos se añaden conflictos de otra naturaleza, como la ejecución de proyectos por organizaciones cuyos directivos tenían responsabilidades de conducción en Judesur.

Visto el panorama, el Gobierno decidió, con acierto, intervenir la entidad. La junta interventora goza del plazo de seis meses para producir un diagnóstico y proponer medidas correctivas. El presidente de Judesur no disimula su molestia por la intervención y atribuye la iniciativa a “chismes” propagados contra la entidad. También duda de si los interventores tienen la intención de ayudar o la de formular acusaciones y prestar oídos a “rumores”.

Es un mal comienzo para la intervención. El propósito de enmienda debe ser compartido y las razones para enmendar no admiten dudas. La acción del Gobierno se basa en sólidos análisis de la Contraloría y aun de la auditoría interna, no en chismes o rumores. Las gestiones fallidas pueden ser constatadas en la realidad de los resultados generales y de las obras concretas.

La preocupación, por otra parte, no es exclusiva de la Administración Solís. En noviembre del 2011, la presidenta Laura Chinchilla solicitó a los nueve miembros de la Junta dejar sus cargos para ejecutar una reorganización. La mandataria pretendía nombrar sustitutos con criterios más rigurosos de selección y emplear los servicios de una firma especializada para reclutar –mediante concurso– a un nuevo director ejecutivo. Además, proponía integrar un consejo asesor para fortalecer los procesos y reformar las normas vigentes.

El programa de reforma respondía a razones muy similares a las ahora utilizadas para fundamentar la intervención. En ese momento, también se debatía con intensidad sobre la injerencia política en el manejo financiero de la Junta y sobre posibles intromisiones en la concesión de contratos de construcción. No se trata de chismes, sino de bien fundadas razones para hacer un profundo examen del desempeño de Judesur, en beneficio de cinco cantones muy necesitados.

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