La Corte y sus empleados se pusieron de acuerdo sobre una reforma insuficiente, con la idea de sustituir el proyecto impulsado por un importante grupo de legisladores

 22 agosto

Las advertencias sobre el fracaso del insostenible régimen de pensiones del Poder Judicial comenzaron a resonar hace lustros. Ningún estudio independiente ha dejado de señalar las debilidades del sistema, pero la Corte y sus sindicatos insisten en creer únicamente en los números hechos a imagen y semejanza de sus deseos.

Los dictámenes coincidentes deberían bastar. En última instancia, se trata de un problema matemático. También es asunto de lógica. El régimen es demasiado generoso en sus beneficios, los cuales causan asombro en el extranjero, aun en países mucho más ricos y avanzados.

Creímos estar a las puertas de un cierre del ciclo de polémicas suscitadas por los estudios y pronunciamientos anteriores cuando las autoridades decidieron someter el caso a estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, no porque sus actuarios sean dueños de la verdad, sino por la tendencia de nuestro sector público a desconfiar de los resultados ofrecidos por las firmas privadas, no importa cuánto prestigio tengan en el ámbito internacional.

Los actuarios de la Universidad se pronunciaron con claridad. Hay en sus conclusiones importantes coincidencias con estudios anteriores. Son malas noticias para los funcionarios judiciales decididos a pensionarse con grandes privilegios en relación con el resto de los ciudadanos. En consecuencia, el análisis también será desacreditado.

La Corte y sus empleados se pusieron de acuerdo sobre una reforma insuficiente, con la idea de sustituir el proyecto impulsado por un importante grupo de legisladores, más confiados en la técnica que en las ilusiones de los funcionarios judiciales. Los actuarios de la Universidad examinaron la iniciativa del Poder Judicial y la tildaron de insostenible. La pretendida reforma produciría un déficit de ¢3 millones de millones.

Si el cálculo del Instituto de Investigaciones Económicas es incorrecto, el error no es poca cosa y pondría en duda la aptitud de sus funcionarios. La Corte debe demostrar esa ineptitud o aceptar la realidad y despejar el camino para una reforma capaz de salvar al régimen. Es irresponsable e injusto insistir en la concesión de privilegios exagerados sin renunciar a pasar la factura a toda la sociedad cuando el fracaso anunciado por los estudios actuariales se materialice.

Los funcionarios próximos a la jubilación gozarán los incosteables beneficios de la actualidad, o los previstos en la insuficiente reforma planteada por la Corte si llegara a aprobarse. Son pensiones para las cuales no cotizaron, por mucho que los aportes obreros al régimen sean superiores. Así lo tiene bien establecido la ciencia actuarial. Los funcionarios más jóvenes no recibirán igual trato, salvo la inaceptable posibilidad de recurrir al presupuesto nacional, es decir, al bolsillo de todos, para financiar el faltante.

Los diputados diseñaron su proyecto de ley a partir de las conclusiones de los actuarios. Ese criterio debe primar, no las huelgas y presiones. Tampoco es aceptable la coletilla introducida en cada intento de reforma para extender las condiciones actuales hasta por una década, mediante transitorios diseñados para aplacar a los grupos incluidos en el periodo de gracia y dar esperanza a los demás de otro empujoncito cuando el transitorio expire.

El país ha abusado durante demasiado tiempo de los privilegios repartidos entre funcionarios públicos de todos los poderes. Es hora de encarar la realidad y decidirse por un modelo más justo y sostenible.