El sistema de pensiones del Poder Judicial se ha salido de control a la vista de sus responsables

 26 abril, 2016

La noticia, publicada en nuestra edición del lunes 18 de abril, es alarmante y motivo de justificado enojo e inquietud: entre enero del 2010 y setiembre del 2015, el Poder Judicial autorizó la pensión a 641 de sus empleados que no cumplían con los requisitos establecidos por el Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la Corte Suprema de Justicia. Esto implica no solo conceder beneficios indebidos, sino también debilitar, aún más, las precarias finanzas del sistema y aumentar la carga sobre el Estado que, además de su aporte regular, financia una gran parte del Fondo.

La razón del error (preferimos llamarlo así) en una instancia institucional con tantos y tan competentes profesionales es motivo de una disputa, que se centra en si el departamento de Auditoría comunicó oportunamente el problema al Consejo Superior del Poder Judicial, o si se retrasó en hacerlo hasta presentar un informe formal el 8 de setiembre del pasado año. Por ahora, dado el choque de versiones, es imposible, al menos para los observadores externos, llegar a una conclusión. Sin embargo, cualesquiera que sean los responsables originales y subsecuentes de un problema reproducido en cientos de casos, el hecho objetivo es que durante cinco años y nueve meses se estuvieron concediendo privilegios indebidos y los contribuyentes deberemos pagar una parte sustancial de la fiesta.

Peor aún, los casos mencionados no son aislados o excepcionales. Al contrario, se relacionan con otros revelados en meses anteriores y configuran lo que parece ser una inquietante tendencia en el Poder Judicial: el descuido, desinterés o desdén de sus más altas autoridades por el costo desmesurado de una serie de beneficios injustificados que se conceden a sus funcionarios –entre ellos las propias autoridades–, con un negativo impacto en su desenvolvimiento sustantivo, sus prioridades presupuestarias e, incluso, su credibilidad de cara al resto de la sociedad, algo muy serio, dado el carácter de instancia final que tienen los tribunales de justicia.

En editoriales publicados en octubre del pasado año y noviembre del 2014, nos referimos a dos situaciones que se inscriben en la misma “lógica” de privilegios y distorsiones internas. Una es la “generosidad” de las incapacidades concedidas a los empleados, quienes han recibido como subsidio por enfermedad la totalidad de su salario, en lugar del 60% que se aplica al resto del sector público y privado. La otra es la decisión de anular una contratación con la reconocida firma argentina Melinsky, Pellegrinelli y Asociados para evaluar la situación financiera del fondo de pensiones que disfrutan los empleados. Se adujo que no contaba con un aval del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas para hacer la tarea, pero ese fue un dudoso argumento para ceder ante las presiones de diez sindicatos de funcionarios de la entidad, opuestos a un examen riguroso del sistema.

Dos años después de esta última situación, aún no se ha decidido qué otra empresa será contratada para efectuar el estudio actuarial, a pesar de que desde marzo del 2014 la Superintendencia de Pensiones (Supén) propuso cerrar ese régimen especial de jubilaciones, por considerarlo insostenible. La razón principal es la largueza de sus beneficios. A esto podrían añadirse errores de gestión y operación. Por ejemplo, otro informe de la Auditoría Interna reveló que el monto de las pensiones por conceder se verifica “a mano”, debido a que el sistema informático utilizado para dicho fin presenta errores desde el 2010, algo incomprensible, no tanto porque ocurriera, sino porque se ha mantenido a vista y paciencia de las autoridades.

La conclusión es que no solo el Poder Judicial, responsable directo, sino también el Estado costarricense y los ciudadanos, enfrentamos una crisis de interés, gestión, liderazgo y rendimiento de cuentas en una materia tan costosa y, además, corrosiva para un ámbito de nuestra institucionalidad particularmente sensible. No debe pasar más tiempo para que las autoridades, representadas por el Consejo Superior, tomen acciones oportunas y eficaces para atender la emergencia. De lo contrario, la decisión deberá venir desde el Poder Legislativo. Porque lo cierto es que la situación se ha vuelto insostenible.