La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, dio a conocer la semana pasada una iniciativa de gran importancia, por la que hemos esperado durante varios años. Consiste en reformar la ley del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup), que data de 1981, fortalecer y mejorar la gestión institucional, introducir mayor transparencia en la información para los usuarios de las universidades reguladas por la entidad y otorgar atribuciones adicionales al Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (Sinaes). El fin último es que, por estas vías, sea posible impulsar una mejor calidad de la educación universitaria, en general, y de la privada en particular.
Confiamos en que el debate que se abrirá a partir de ahora se desarrolle con madurez, amplitud de miras y un serio compromiso con la excelencia. De este modo, los detalles de la propuesta podrán mejorarse para beneficio de los estudiantes, los padres de familia, la formación de nuestros profesionales y la competitividad del país.
La Nación es firme partidaria de la libertad de enseñanza. Creemos que esta debe desarrollarse con la mayor autonomía posible, en un marco regulatorio que apueste a altos niveles de calidad, establezca adecuados estándares de desempeño, exija un riguroso rendimiento de cuentas a las instituciones involucradas y equilibre los derechos y deberes de las partes que intervienen en el proceso, con particular protección a las necesidades de los estudiantes.
Valoramos la sustancial ampliación de la oferta profesional lograda gracias a las universidades privadas, y sabemos de los esfuerzos que varias de ellas han emprendido por mejorar su calidad, a menudo con éxito. En esto, el aporte del Sinaes ha sido meritorio. Sin embargo, muchas más se han desentendido de cualquier mejora y se han convertido en simples emisoras de títulos sin real contenido, pero igual sustento legal que los de otras. Todo esto ha ocurrido bajo la mirada del Conesup. Por ello, en un editorial publicado en setiembre del pasado año, afirmamos que “las normas que fijan los requisitos para autorizar, regular y examinar el desempeño de las universidades privadas, y la institución encargada de velar por su aplicación, en esencia, han fracasado”.
Es frente a tal realidad, y debido a la índole crítica y estratégica de la educación, que damos la bienvenida a la iniciativa de la ministra Mora. La médula de la reforma es una ampliación de los requisitos para el establecimiento de las universidades privadas y sus sedes regionales. Entre ellos está cumplir con normas académicas nacionales de calidad incluidas en la ley que, en el 2010, fortaleció el Sinaes, a satisfacción de esta entidad o de agencias acreditadoras –nacionales o internacionales– validadas por ella. A los 53 centros de enseñanza superior ya autorizados se les otorga un plazo prudencial para cumplir con los nuevos parámetros.
El proyecto establece que los planes de estudio sean actualizados, al menos, cada cinco años; amplía los requisitos de infraestructura, incluidas bibliotecas, con que deben cumplir, y aporta una amplia lista de los derechos y deberes de los estudiantes. Además de aclarar los procedimientos para quejas y denuncias, también diversifica y modula mejor las posibles sanciones por violar normas o irrespetar dictámenes, que podrán aplicarse de manera progresiva.
Coincidimos, en esencia, con estos puntos y otros de menor envergadura incluidos en la reforma propuesta. Sin embargo, no creemos conveniente ampliar las potestades del Conesup para controlar las tarifas establecidas por los centros de enseñanza. Se trata de un aspecto esencialmente administrativo, que cada institución debería manejar en función de sus características y de las estrategias y nivel de calidad que tenga o desee alcanzar. Sería mucho más eficaz y sencillo exigir que esa información sea pública y, así, facilitar las comparaciones. Es fundamental que la abundancia y complejidad de los controles previos no entorpezca excesivamente los procesos; en este sentido, sería preferible mejorar las herramientas de inspección sobre el terreno.
Al ampliar las potestades del Conesup y del Sinaes, por otra parte, será necesario dotarlos de mayores recursos para que asuman las nuevas tareas con eficiencia. Esto implicará, sobre todo en el caso del primero, una reforma profunda de sus estructuras internas, su personal y, en particular, su liderazgo; es decir, darle la prioridad institucional de la que ha carecido dentro del Ministerio.
Estamos ante un compromiso que no solo abarca a la cartera de Educación, los entes de regulación y acreditación directamente involucrados y las universidades privadas. Se extiende a todo el sector educativo y no escapa al resto de la sociedad. Es hora de asumirlo a plenitud, con claridad de miras, rigor, sensatez y sentido práctico.
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