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EDITORIAL

Para ingresar a Petrocaribe

Actualizado el 18 de julio de 2014 a las 12:00 am

Solo la compra a precios inferiores que los vigentes en el mercado internacional podría abaratar los combustibles en Costa Rica

Costa Rica no puede alegar ignorancia de la disposición venezolana a utilizar sus inversiones como mecanismo de presión

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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó un encuentro bilateral con su homólogo costarricense en el marco de la cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), celebrada en Brasilia, a la cual Luis Guillermo Solís asiste en condición de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.

Según el presidente Solís, en la entrevista no se tocó el tema de Petrocaribe, la alianza creada por Venezuela para extender su influencia regional mediante la venta de combustible con pagos pactados a largo plazo, módicas sumas de interés y, en algunos casos, cancelación de la deuda con bienes y servicios.

Sin embargo, el tema irrumpió en el debate público nacional a propuesta de la fracción legislativa del Frente Amplio, cuyos diputados cifran en la alianza una esperanza de reducir el precio interno de los hidrocarburos. Si esa es la promesa, el país debería conseguir un precio preferencial, más allá de las facilidades de pago.

Solo la compra a precios inferiores que los vigentes en el mercado internacional podría abaratar los combustibles en Costa Rica. Si el precio no es menor, la aplicación de la fórmula de ajuste utilizada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) arrojará los mismos resultados, sin importar las condiciones de pago.

Si se modificara la fórmula para incorporar la ventaja financiera del largo plazo y el bajo interés, los combustibles se abaratarían en algo, probablemente no mucho, pero el alivio se conseguiría a costa del endeudamiento de generaciones futuras. Tarde o temprano, llegará el día de pagar.

Venezuela no regala el petróleo. Financia una parte de la factura en estupendas condiciones con el pregonado propósito de liberar recursos a corto y medio plazo, para que las naciones participantes incrementen sus inversiones en obras de infraestructura y programas sociales.

Se trata, pues, de un préstamo. La tasa de interés, si se parece a la concedida a otros países, es atractiva, aunque no demasiado distante del financiamiento otorgado por los organismos internacionales en estos momentos de depresión de las tasas en el mercado global.

El capital, aun barato, engrosa el endeudamiento externo y no siempre es una bendición. América Latina lo supo en la década de los setenta, cuando la abundancia de petrodólares llenó las arcas de los bancos, cuya desesperación por colocarlos se encontró con la avidez de financiamiento de Gobiernos irresponsables. Así nació la crisis de la deuda externa, en cuyo torbellino también Costa Rica se vio atrapada.

El capital barato es una bendición cuando se invierte para producir réditos mayores a su costo. Por barata que sea, la deuda solo debe ser contraída si es necesaria y el fin la justifica. Petrocaribe brinda una fuente de capital constante y automática, dependiente del monto de la factura petrolera y no de las necesidades. Así, se convierte en una peligrosa tentación para el gasto irresponsable.

Además, en algunos casos, Petrocaribe se reserva la posibilidad de influir en el destino de los fondos liberados por su plan de financiamiento. En Nicaragua, por ejemplo, el 60% de la factura petrolera financiada a largo plazo se invierte en proyectos mal supervisados, manejados con intervención venezolana y con la soltura necesaria para favorecer a los sectores cuya buena voluntad le importa a Venezuela.

A finales de junio del 2013, durante la VIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Petrocaribe, celebrada en Managua, el presidente Maduro propuso la creación de una zona económica especial para contar con “un esquema complementario para ver cómo, con base en la factura petrolera, se pueden establecer mecanismos de inversión que permitan a Venezuela tener o hacer inversiones en el exterior”.

Costa Rica no puede alegar ignorancia de la disposición venezolana a utilizar esas inversiones como mecanismo de presión. En el 2007, cuando el presidente Óscar Arias osó dirigir una respetuosa crítica a su homólogo Hugo Chávez, Caracas anunció, sin motivo alguno, el traslado a otro país de la planta de Alunasa, una empresa de capital estatal venezolano, importante para Costa Rica por sus 400 puestos de empleo, pero no tanto como podría llegar a serlo la dependencia del petróleo barato.

Petrocaribe cobraría sentido para Costa Rica si, además del precio subsidiado para reducir el costo de los combustibles sin tocar a Recope ni bajar los impuestos, Venezuela renuncia a toda injerencia sobre la inversión del capital disponible gracias a Petrocaribe.

Para cerrar el trato, faltaría la renuncia a cualquier condicionamiento de nuestra política exterior, de lo cual la sociedad costarricense siempre será celosa guardiana. El país no puede ser parte del rebaño de votos comandados por Venezuela en los organismos internacionales, ni cómplice de los intentos de desmantelar el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ni silenciosa observadora de los desmanes antidemocráticos del Gobierno de Caracas y los de sus aliados.

Aceptados los tres requisitos –precio subsidiado para cumplir la promesa de bajarle el costo al consumidor, independencia total en las decisiones de inversión y respeto a la política exterior–, solo quedaría reconocer la extraordinaria generosidad del Gobierno venezolano, no sin algo de vergüenza ante su sufrido pueblo, tan necesitado del máximo aprovechamiento de los recursos de su subsuelo.

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