Desde el 2008, los consumidores de otros combustibles cargan con una parte de la factura de quienes utilizan gas, búnker y asfalto

 17 enero, 2015

Desde el 2008, los consumidores de otros combustibles cargan con una parte de la factura de quienes utilizan gas, búnker y asfalto. La distorsión, denunciada por una investigación de La Nación como un subsidio y entendida por el regulador general, Dennis Meléndez, como “un elemento que estaba escondido en los precios”, no es menos real según se la califique de una u otra forma.

Meléndez lo acepta y propone revisar la metodología aplicada hasta ahora para fijar los precios. Su esperanza es tenerla lista en marzo. Hasta entonces, la mano del Estado seguirá cargada contra los combustibles más consumidos, y es difícil saber cuánto tiempo más habría durado el desequilibrio, de no ser por los reportajes de la sección de Investigación de este diario.

El asfalto y el gas se encarecerán, pero, como dice la Defensoría de los Habitantes, cada cual debe pagar su consumo y no contribuir con la factura del ajeno. El sistema creado a finales del 2008 costó ¢73.500 millones de más a los usuarios de diésel y ¢29.500 millones a los de gasolina. Por el contrario, los consumidores de gas se ahorraron ¢33.270 millones y los de asfalto, ¢11.600 millones.

Entre los productos favorecidos están los más consumidos por empresas y el propio Gobierno, encargado de asfaltar las vías. La responsabilidad por la falta de equidad del sistema es un debate abierto entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Según la Aresep, los datos de Recope no permitían conocer la importancia relativa de cada producto en los costos administrativos. Recope, afirman los reguladores, no llevaba una contabilidad de costos ni informaba oportunamente los precios de sus importaciones.

La empresa refinadora contradice esa versión. Luis Carlos Solera, jefe de Estudios Económicos y Financieros de Recope, afirma que en el 2008, cuando se adoptó la metodología vigente, ya eran capaces de asignar con precisión a cada producto el 89% de los costos operativos correspondientes. Desde ese mismo año, aseguró, la Refinadora traslada a la Aresep informes de los precios facturados. Esa información consta, además, en los estados financieros.

Solera recuerda que, desde la convocatoria a la audiencia para adoptar el sistema vigente, la Aresep fijó el claro objetivo de “bajar el precio del gas y de los productos negros: asfalto, búnker y emulsión”. En otras palabras, atribuye el desequilibrio resultante a una deliberada política de los reguladores. Señala, además, la ausencia de cualquier referencia, en aquel momento, a las deficiencias de contabilidad ahora atribuidas a Recope.

En cualquier caso, para cuando se opere la corrección de la metodología, habrán transcurrido casi ocho años desde la creación del subsidio o del “elemento que estaba escondido en los precios”. En el curso de tanto tiempo, la Aresep nada hizo para remediar la situación y fueron necesarios nuestros reportajes para conseguir la enmienda.

La Autoridad Reguladora no sale bien librada del episodio, en especial si se recuerda que, en el 2008, Recope apeló la decisión de cambiar la metodología y advirtió: “La venta de cualquier producto por debajo de su costo real entraña un subsidio prohibido por ley”. Aresep rechazó los argumentos de la Refinadora y, ya en el 2009, a cada litro de diésel se le cargaron, en promedio, ¢54, aunque el costo real de Recope era de ¢41. El asfalto, cuyo verdadero costo administrativo era de ¢56, solo pagó ¢40. Las diferencias, desde luego, salieron de los bolsillos del consumidor de los productos no favorecidos.

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