EscucharEl saldo de las obligaciones adquiridas por el Gobierno central y las demás instituciones del Estado, incluyendo el Banco Central, registró un pronunciado incremento en los últimos 12 meses, según informamos el 3 de octubre. La situación es preocupante por los efectos que podría desencadenar en un futuro cercano.
El acumulado de la deuda total del Estado asciende a ¢13,3 billones, lo que representa casi el 60% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el 2014. En agosto del 2012, la deuda pública total representaba solamente el 51% del PIB. Si se mantiene esa tasa de crecimiento anual (16%), que supera en cuatro veces la tasa de crecimiento esperado de la producción nacional (4%), la situación se tornará insostenible.
Como regla general, el endeudamiento del Estado y sus instituciones solo debería producirse para financiar obras de infraestructura con capacidad de incrementar la producción, competitividad y productividad del país. También debe suscribirse a largo plazo y a tasas de interés, lo más bajas posible, para no comprometer la situación financiera. Y debe tener un límite porcentual, en términos del PIB, para no distraer porciones excesivas de los ingresos sanos hacia la amortización del principal e intereses. Las finanzas del Estado deben ser administradas según las viejas pero sabias disposiciones del Código Civil: como un buen padre de familia. Desafortunadamente, ese no ha sido siempre el caso.
El incremento de la deuda pública no solo se debe a los requerimientos de financiamiento del Gobierno central, sino, también, a las operaciones crediticias de las municipalidades, el ICE, Recope y Banco Central. Algunas de las nuevas obligaciones, como la colocación de bonos de largo plazo por el ICE para incrementar la capacidad de generación eléctrica (represa del Reventazón), o la suscrita por Acueductos y Alcantarillados (AyA) para incrementar el suministro de agua, tienen su justificación en el propósito de incrementar y mejorar los servicios públicos, que son esenciales para las personas y empresas y, por ende, para el desarrollo humano y el crecimiento económico. Pero otras son de más dudosa necesidad y productividad, como la remodelación de un estadio deportivo en Guanacaste, o el endeudamiento por $100 millones de Recope, cuyos gastos e inversiones han sido seriamente cuestionados.
Uno de los casos que más contraviene las sanas reglas del endeudamiento público proviene del Gobierno central. En los últimos 12 meses, se ha incrementado en un 25% y cada vez más se emplea para financiar gastos corrientes con dudosa significación económica, en vez de inversiones de capital. Además, la partida de intereses absorbe una cantidad creciente de recursos del Presupuesto Nacional, presionará las tasas de interés una vez agotada la partida de los eurobonos, y deja poco margen para la satisfacción de otras necesidades económicas y sociales como infraestructura, educación y, en general, la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Por razones económicas y sociales, una deuda pública creciente es insostenible.
Las municipalidades del país siguen endeudándose a tasas elevadas, a pesar de que sus ingresos han crecido muy aceleradamente con la revaluación de los bienes inmuebles. Esos nuevos ingresos, creemos, deberían ser suficientes para emprender obras. Sin embargo, en muchos casos se destinan a financiar gastos corrientes. Es sabido que un porcentaje muy elevado de los ingresos ordinarios de muchos gobiernos locales se destinan a alimentar la burocracia. En ese sentido, la mayor autonomía no ha redundado, necesariamente, en más eficacia municipal.
El caso del Banco Central merece consideración aparte. Sus pasivos (con costo) han crecido muy aceleradamente en los últimos 12 meses como consecuencia de su participación en el mercado de divisas. El saldo de bonos de estabilización monetaria y otras formas de captación creció casi un 40%, equivalente a diez veces más que la tasa de crecimiento del PIB. Según estimaciones del programa macroeconómico para el 2013-2014, sus pérdidas de operación rondarían el equivalente de un 1% del PIB, o tal vez más, lo que representa una quinta parte del déficit total del sector público consolidado. Y eso involucra tres aspectos controvertibles que deben ser solucionados.
Por un lado, los mayores pasivos con costo, por los cuales el Banco debe pagar altos intereses en colones, imponen una carga financiera que debe satisfacerse con emisión monetaria, lo cual significa mayor inflación futura; por otro, constituyen un mal ejemplo de administración económica y financiera de parte de una institución llamada a ser la rectora de la economía nacional. Si fuera una empresa privada, ya habría entrado en estado de quiebra técnica. Su patrimonio es negativo porque la rentabilidad de sus activos (depósitos a corto plazo en el exterior) es muy inferior al costo de sus pasivos en colones, lo que refleja pérdidas de operación. La situación resulta insostenible, pues la inflación es el más injusto de los impuestos. Finalmente, el Banco Central debe definir cuál será su régimen cambiario en el futuro, para poder rescatar su política monetaria.
En general, el panorama de la deuda pública es muy desalentador. El próximo Gobierno, cualquiera que sea, tendrá que emplearse a fondo y concertar con la oposición una solución en el Gobierno central y en todas y cada una de las instituciones mencionadas.
