Los diputados, como representantes del pueblo, deben tener muy claro el propósito de las funciones a las que son convocados y deben sujetar sus intervenciones a esos fines

 7 septiembre

La larga comparecencia, el pasado lunes, del presidente, Luis Guillermo Solís, ante la comisión legislativa que analiza posibles irregularidades en créditos concedidos por el Banco de Costa Rica y la red de contactos que en el caso concreto parece favorecer a un importador de cemento, dejó una sensación agridulce, no por las respuestas del mandatario, sino por lo vago de muchas intervenciones y preguntas de los diputados. Del ejercicio, poco frecuente en nuestro medio, podemos extraer algunas enseñanzas.

La primera es que los diputados, como representantes del pueblo, deben tener muy claro el propósito de las funciones a las que son convocados y deben sujetar sus intervenciones a esos fines. En particular, deben formular preguntas concretas, cuyas respuestas contribuyan a dilucidar las inquietudes existentes. No hacerlo permite al entrevistado divagar, a conveniencia, en sus respuestas.

Durante su comparecencia, el presidente Solís confirmó que Casa Presidencial recibió en siete ocasiones al importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños para tratar diversos temas y escuchar peticiones que no describió. En una oportunidad se reunió con el presidente Solís. Aseguró que esas reuniones no lo llevaron a ceder en ningún aspecto fundamental de política pública. El diputado Ottón Solís le indicó que si bien las reuniones a ese nivel son usuales con representantes de grupos de la sociedad, como las cámaras empresariales, sindicatos, asociaciones de agricultores y ciudadanos para analizar temas de interés amplio, no es usual que se celebren, en tantas ocasiones, con individuos para tratar asuntos de su interés exclusivo.

El presidente Solís manifestó que los ajustes a la normativa sobre la importación de cemento aprobados en marzo del 2015 por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) solo pretendían “romper el duopolio”. De ser ese el móvil, la acción es bienvenida, pero también habríamos esperado medidas en otros campos donde la competencia no opera, como en el mercado de los combustibles, arroz, leche, transporte de personas y otras áreas donde la apertura favorecería a una gran parte de la población, en particular a la de menores ingresos. Como este no es el caso, la apertura para la importación de cemento suscita cuestionamientos.

El posible tráfico de influencias al más alto nivel político y el eventual conflicto de intereses en la dirección de empresas públicas que, por definición, son propiedad de todos los costarricenses, entre ellas los bancos comerciales, deben ser investigados ante la menor duda. La Hacienda Pública, si bien debe operar con eficiencia, no debe ser manejada como la hacienda privada, donde un dueño hace y deshace a su conveniencia. No puede Costa Rica ser un país movido por el compadrazgo.

En el resguardo de la institucionalidad y de la normativa que con el tiempo el país ha venido adoptando, la Asamblea Legislativa está llamada a ejercer un papel fundamental, como también han de ejercerlo los entes supervisores del sistema financiero y la Contraloría General de la República, entre otros. Por eso no ha dejado de constituir preocupación ciudadana, también, que una agencia de las Naciones Unidas (Unops) haya mostrado tanta reticencia a informar sobre su ejecutoria en un par de proyectos que le fueron encomendados.

La claridad meridiana en el actuar de los entes y servidores públicos constituye un elemento fundamental de la democracia representativa, de la que Costa Rica, con sobrada razón, se enorgullece. Ojalá las investigaciones iniciadas para asegurar ese objetivo continúen y se conduzcan de manera más sistemática que la noche del pasado lunes.