La práctica de someter a un proceso de licitación competitiva las compras de bienes y servicios, en particular cuando median montos elevados, es muy deseable, no solo en el sector privado sino, particularmente, tratándose del sector público. Los carteles deben ser preparados con esmero para no favorecer desde un inicio a algún oferente. También deben indicar los criterios que se utilizarán para calificar las ofertas y aclarar las dudas de los interesados. Las ofertas deben ser entregadas en sobres cerrados para abrirlos formalmente ante testigos. Finalmente, todo lo actuado debe quedar abierto a revisión, en particular, por los oferentes que puedan sentirse afectados.
Proceder de esa forma tiene una enorme importancia social, pues obliga a los oferentes a plantear las condiciones más favorables para el comprador. Con la transparencia de ese sistema todos ganan, incluso quienes no logren la adjudicación porque obtienen importantes enseñanzas. Por el contrario, las licitaciones carentes de alguno de los elementos indicados pueden estimular el favoritismo y hasta desincentivar la participación de oferentes serios. Cuando eso ocurre, la calidad de los bienes y servicios comprados decae y el precio tiende a aumentar. Los compradores sufren y, tratándose del sector público, sufre la ciudadanía.
Por esas razones, el secretismo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) es altamente preocupante. Razón llevan la Contraloría General de la República y el Conavi al anular algunas adjudicaciones de obras licitadas por esa agencia. El gobierno de Costa Rica recurrió a la Unops en busca de agilidad para la construcción de obra pública (lo cual no necesariamente ha ocurrido), pero ahora se encuentra con que buena parte de lo actuado queda sumido en un improcedente secreto. Como bien dice la Contraloría, “ocultar los expedientes lesiona el derecho de las otras empresas interesadas a impugnar las adjudicaciones”, como informamos el 20 de diciembre en el artículo “Hemos actuado conforme a las reglas”.
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Esa práctica de la Unops también es seguida por otras agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, el PNUD, que en licitaciones para consultorías contratadas con personas físicas ni siquiera acusa recibo de las ofertas enviadas por los interesados.
La delegación de funciones que las entidades públicas hacen en la Unops tiene otra consecuencia muy seria: evita que importantes entidades públicas, como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), acumulen experiencia en los procesos de contratación y control de construcción y administración de obras públicas, lo cual los pone en condiciones de inferioridad técnica cuando deban participar en alianzas público-privadas (APP). Dada la enorme importancia que las APP tienen en un entorno de alto déficit fiscal, como es el caso de Costa Rica, esa debilidad se transforma en un enorme obstáculo para el desarrollo.
El Gobierno de Costa Rica no debe utilizar los servicios de la Unops mientras opere como hasta ahora. La legislación doméstica exige la más amplia transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado y mal hacemos si nos desviamos de ese paradigma cuando se trata de obras encargadas a la Unops. Más aún, el país debe elevar esta fundamental preocupación a los órganos superiores de la Unops y tratar de que adopten las reformas necesarias para asegurar la transparencia.
Dice un refrán que “los rayos de Sol constituyen un eficaz desinfectante”. Igualmente, podemos afirmar que la claridad en los procesos de licitación constituye un elemento esencial en las democracias representativas.
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