EscucharLas necesidades de los centros educativos son enormes, como atestiguan los niños de la escuela Finca La Caja, en La Carpio, pero el gobierno no logra invertir $167 millones prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para levantar 80 centros educativos.
El dinero está disponible desde marzo del 2013, hace casi cuatro años, y los 1.700 alumnos de La Carpio siguen asistiendo a clases los sábados porque las instalaciones no dan abasto para ofrecer a todos la materia completa si la escuela solo permanece abierta cinco días a la semana. Los comedores también se quedaron pequeños y la falta de espacio en la biblioteca obliga a los alumnos a turnarse.
En el tiempo transcurrido, el Estado logró levantar dos centros educativos y gastar el 4% del préstamo confiado a un fideicomiso, cuya aprobación legislativa se produjo en un ambiente de optimismo. Por lo visto, el fideicomiso, figura útil para el desarrollo de obra pública en determinadas circunstancias, no cura la incapacidad de ejecución. En el caso de la educación, la figura ni siquiera se creó con expectativas de lograr un futuro financiamiento. Los fondos existieron desde el inicio, pero las obras no se han materializado.
El año pasado, el Banco Nacional notificó al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) su intención de finiquitar el fideicomiso creado en el 2008 para administrar los fondos de la concesión del puerto. El Incop no logra invertir en obras de provecho para la región los $1,2 millones en cánones pagados cada año por la concesionaria.
La figura mágica del fideicomiso también fue invocada para despejar las dudas sobre la carretera a San Ramón. A la fecha, el fideicomiso todavía está en camino y la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) afirmó, a finales del año pasado, que la cancelación de la concesión de la carretera fue un error. Según la funcionaria, se ha perdido mucho tiempo y, al final, los peajes tendrán un costo parecido.
El fideicomiso educativo vencerá en julio del año entrante y el gobierno estará obligado a pedir a los legisladores una ampliación. Habrá entonces más recriminaciones y atrasos. El Ministerio de Educación Pública (MEP) dice tener encaminada la contratación de 16 escuelas y colegios. Otras diez obras están en espera de la publicación de los carteles de licitación, pero en 52 casos el Estado ni siquiera ha adquirido los terrenos.
Además de los 80 centros educativos, el proyecto contemplaba la construcción de 23 canchas multiuso, ninguna de las cuales está lista o siquiera contratada. Las obras son esperadas por comunidades urbano-marginales, donde los educadores luchan contra condiciones lamentables.
El país dio la espalda a la concesión de obra pública y creyó haber encontrado el sustituto en los fideicomisos, pero tampoco ese mecanismo asegura el éxito. En algunos casos, la figura se ha prestado para manejos contables detrás de los cuales hay prácticas discutibles. La contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés) tampoco dio los frutos prometidos.
Al parecer, ningún sistema es bueno para desarrollar obra pública en Costa Rica y mucho menos para financiarla. Quizá, por el contrario, todos los sistemas sean buenos, aplicados en las circunstancias correctas, si logramos desterrar los prejuicios y la incapacidad del Estado para ejecutar y contratar. El MEP atribuye los atrasos a la búsqueda, compra y desafectación de terrenos, a la lenta elaboración de los diseños y a los procesos de adjudicación, pero han pasado cuatro años y solo la conformación de la unidad ejecutora tardó seis meses. Así no hay método eficaz para desarrollar obras.
