No hubo forma de conciliar las diferencias en comercio internacional y financiamiento para la ecología, pero hubo acuerdo en otros aspectos importantes

 27 marzo

El comunicado de prensa de la reunión cimera del denominado Grupo de los 20, celebrada en la ciudad alemana de Baden-Baden, refleja un impasse e inusual compromiso entre la nueva administración de los EE. UU. y los ministros de Hacienda y banqueros centrales del resto de los países asistentes. ¿Cuáles fueron los puntos de discordia? El comercio internacional y el financiamiento para la ecología. No hubo forma de conciliar las diferencias. Pero se salvaron otros aspectos importantes sobre los que sí hubo un minucioso acuerdo.

La voz cantante del gobierno norteamericano la llevó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien se opuso a una condenatoria al proteccionismo y un apoyo irrestricto al libre comercio, conceptos estándar en los comunicados anteriores del G-20, como quería la mayoría de los presentes, incluida China. Ante las posibilidades de un rotundo fracaso de la reunión, las naciones finalmente accedieron a modificar los términos del acuerdo para acomodar, al menos en parte, la posición norteamericana. El comunicado señala que las naciones “están trabajando para fortalecer la contribución del comercio a las economías” y agrega la conveniencia de “emprender una lucha conjunta para lograr una fuerte, sostenida, balanceada e inclusiva tasa de crecimiento mundial”.

Como consecuencia del suavizado lenguaje finalmente incorporado al comunicado, nadie tiene muy claro cuáles serán la políticas comerciales que finalmente seguirán los países, en particular los EE. UU., que se reservó, al parecer, el derecho de revisar tratados de libre comercio e imponer barreras y sanciones a las naciones que, en su opinión, observen prácticas contrarias a sus intereses o promuevan acciones en su contra o de sus empresas o trabajadores. Washington se reservó el derecho de renegociar tratados de libre comercio en aras de “hacerlos más justos”, imponer condiciones, restricciones o impuestos a otras naciones y llevarlas, además, al seno de la Organización Mundial del Comercio por prácticas desleales en contra de los EE. UU., pero no clarificó cuáles medidas concretas estaría dispuesto a observar ni en qué condiciones. Como resultado, la incógnita prevalece.

Los compromisos a favor del medioambiente, respaldados en comunicados anteriores, tampoco estuvieron presentes en esta ocasión. La diferencia de criterios es manifiesta. El presidente Trump no es devoto de imponer medidas para evitar el calentamiento global –por decir los menos– y tampoco favorece tratados y protocolos que incrementen las restricciones a las empresas para evitar la contaminación, aspecto sumamente criticado por los ambientalistas y líderes de otras naciones comprometidas con la lucha contra el calentamiento global. La nueva administración norteamericana expresó su preocupación porque el impacto económico y costo de las medidas se traslada a los consumidores (inflación).

En cambio, hubo mayor claridad en otros aspectos de la política económica internacional. Hubo consenso en que la economía mundial está pasando por un buen momento, pero aún está expuesta a riesgos que podrían afectar el crecimiento y que es necesario fortalecer la cooperación económica y financiera para evitar una recaída. Con tal propósito, se deben utilizar todos los instrumentos disponibles –monetarios, fiscales y estructurales– para cumplir las metas. El crecimiento balanceado y sostenido, con posibilidades de una inversión más sana (especialmente en el sector público, agregamos nosotros), sigue siendo una meta común.

En el campo monetario y cambiario se reiteraron las políticas enunciadas en otros comunicados, particularmente la condena al exceso de volatilidad de los tipos de cambio y de los mercados financieros; en particular, los países se comprometieron a evitar “devaluaciones competitivas” para ganar injustificadas ventajas y abstenerse de fijar “metas” de ajuste cambiario con esos mismos fines. Esos propósitos, si bien limitados a los miembros del grupo de los 20, son plenamente aplicables a las demás naciones, incluida Costa Rica.

Finalmente, entre las recomendaciones que más directamente afectan a economías pequeñas y abiertas, como la nuestra, está la importancia conferida a la apertura de los mercados de capital, sin descuidar el monitoreo de esos flujos y los riesgos asociados con la volatilidad. Particular importancia se le dará a las sanas políticas macroeconómicas para minimizar esos riesgos. En el caso nuestro, aunque no formamos parte del G-20, esas recomendaciones revisten particular importancia, toda vez que experimentamos un creciente desequilibrio de origen fiscal, lo que nos expone a la influencia que podrían tener sobre la volatilidad de las entradas de capital los incrementos en las tasas internaciones de interés, que ya se están dando, particularmente en los Estados Unidos. Si, por esa y otras razones, los flujos de capital mermaran, estaríamos mejor preparados para enfrentarlo con una situación fiscal más balanceada.