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EDITORIAL

Se hunde el barco de Maduro

Actualizado el 19 de junio de 2017 a las 10:00 pm

Los represores, hasta ahora felices de compartir privilegios, comienzan a olfatear el fin y se preguntan por la posibilidad de verse obligados a responder por sus crímenes

Más allá de sus motivaciones, la voz de la fiscala Luisa Ortega confirma las denuncias contra el régimen de Maduro y la disposición del dictador a apartarse de toda legalidad

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La confrontación entre el pueblo venezolano y la dictadura de Nicolás Maduro en las principales avenidas de Caracas y otras ciudades venezolanas atrae la mirada del mundo sobre las realidades de un despotismo que vuelca sus armas contra la voluntad de millones de ciudadanos, desesperados por el deterioro de sus libertades y condiciones de vida.

Hace pocas semanas, una junta secreta de generales venezolanos discutió el futuro del país y el papel de las fuerzas armadas. Cuando hablaron sobre los límites de la represión, surgieron los temores por la posibilidad de enfrentar, algún día, a la justicia. La conversación trascendió gracias a una grabación entregada a la prensa.

El valioso registro documenta el acelerado debilitamiento del régimen chavista, cuyos brazos represores, hasta ahora felices de compartir privilegios, comienzan a olfatear el fin y se preguntan por la posibilidad de verse obligados a responder por sus crímenes. En la reunión, algunos militares expresaron el temor a ser acusados por la Fiscalía General, hasta hace poco una obsecuente aliada de los abusos.

Después de la represión de las manifestaciones opositoras en el 2014, la fiscala general, Luisa Ortega, salida de las filas chavistas, no solo evitó investigar los abusos, sino que abrió procesos contra la dirigencia del movimiento popular. El despacho de Ortega es también cómplice del juicio amañado contra Leopoldo López, cuyo fiscal tomó el camino del exilio y una vez a buen recaudo informó al mundo los detalles del espurio proceso.

Pero las recientes veleidades de la fiscala, antaño fiel sirviente de Maduro, siembran temor entre los militares. Ortega se opuso a la fraudulenta convocatoria de una asamblea constituyente para afirmar a Maduro en el poder. También cuestiona la constitucionalidad del nombramiento del tribunal supremo luego de la derrota propinada al chavismo por la oposición en las elecciones legislativas de diciembre del 2015. Ahora, se ha tornado en defensora de los manifestantes. Aboga por los detenidos y anuncia la posibilidad de enjuiciar a los responsables de abusos.

El extraordinario vuelco podría ser consecuencia de las legítimas quejas y sufrimientos de la población, pero la impunidad de los represores del 2014 y los procesos judiciales amañados con colaboración de la Fiscalía General fundan la sospecha de intenciones más próximas al instinto de supervivencia de Ortega. Ese mismo instinto comienza a orientar la acción de los militares y pone a pensar al resto del aparato estatal.

Más allá de sus motivaciones, la voz de Luisa Ortega confirma ante la comunidad internacional la validez de las denuncias contra la brutalidad del régimen de Maduro y la disposición del dictador a apartarse de toda legalidad, incluido el cuestionado andamiaje jurídico construido a lo largo de los años por el chavismo.

La Organización de Estados Americanos, reunida en Cancún desde el lunes y hasta mañana para tratar otros asuntos, no puede y no debe evitar el tema de Venezuela. Es preciso insistir hasta que las pruebas, incluidas las tardías denuncias de la fiscala, terminen de avergonzar a las naciones del Caribe cuyo apoyo a Caracas impide a la organización hemisférica adoptar medidas más eficaces.

Caracas cultivó la lealtad de los caribeños con sus generosas ayudas petroleras, pero la complicidad con tan flagrantes violaciones a los derechos humanos es un precio muy alto. Otros países del continente estarán dispuestos a pagarlo porque son ramas del mismo autoritarismo. Pronto los caribeños, o algunos de ellos, comenzarán a preguntarse si es hora de abandonar el barco, como se lo preguntan los militares y otros funcionarios del régimen.

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