EscucharLuis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), percibió un ambiente hostil en la comisión legislativa encargada de investigar el financiamiento de los partidos políticos. No es para menos. Si alguien ha conseguido crear consenso en nuestro confrontacional Congreso es el TSE.
Liberación Nacional, Movimiento Libertario, Acción Ciudadana y Renovación Costarricense tienen motivos para no ver a los magistrados electorales con simpatía. Todos han sido blancos de bien fundadas auditorías para esclarecer su manejo de los fondos públicos destinados a la campaña electoral. Por lo pronto, eso libra del enojo con el TSE a un escaso puñado de diputados.
Las circunstancias conducen a tres conclusiones: la primera es que el TSE, en el marco de sus posibilidades, hace una buena labor de supervisión del gasto. La segunda es que los partidos, pese a la posibilidad de incurrir en graves costos políticos, no hacen un buen manejo de los fondos estatales. En tercer lugar, la hostilidad frente al TSE presagia la persistencia de una fuerte corriente opositora a la reforma necesaria para enderezar el rumbo.
La última oportunidad, surgida en el 2009, se malogró cuando los diputados dejaron abierto el portillo para disfrazar las donaciones mediante la compra de bonos. Prohibieron las donaciones de personas jurídicas y extranjeros, y en aras de la transparencia levantaron los límites impuestos a las personas físicas nacionales, pero la nueva ley estaba por estrenarse cuando el Comité Ejecutivo Superior del Partido Liberación Nacional consultó al TSE sobre la posibilidad de colocar bonos en manos de personas jurídicas.
El TSE contestó de la única forma en que el texto recién aprobado le permitía hacerlo: “no existe prohibición para que las personas jurídicas nacionales adquieran certificados de cesión de la contribución estatal de los partidos políticos”, pero en el mismo acto señaló el peligro del portillo abierto en la ley.
Refiriéndose a la moción de última hora presentada por los liberacionistas para permitir las donaciones de personas jurídicas, Sobrado comentó que en ese caso “el Tribunal se estrellaría contra un muro”. El muro fue erigido de todos modos con la autorización extendida a las personas jurídicas para comprar bonos. Basta que estén inscritas en Costa Rica, no importa si sus accionistas son nacionales o extranjeros y tampoco el origen de su capital.
En la realidad, las personas jurídicas, los extranjeros y aun los capitales espurios tienen amplias posibilidades de contribuir con la campaña del partido de sus preferencias. La compra de bonos de la deuda política no se considera una donación porque el adquiriente tiene la expectativa, aunque sea remota, de recuperar la inversión y la duda solo queda despejada con el resultado electoral.
Es casi imposible cuestionarle a un inversionista la decisión de comprar la peor edición de bonos de un partido –en la práctica incobrable– porque siempre podrá responder que en su opinión la relación de precio y riesgo es razonable. ¿Y quién puede rebatir el fingido optimismo depositado en un triunfo tan aplastante que hasta los bonos clase z ofrezcan buen rendimiento?
Pasada la oportunidad del 2009, donde el tratamiento de los bonos constituye el principal, pero no el único defecto, poco ha hecho la Asamblea Legislativa para indicar voluntad de reforma. Por el contrario, en medio de los escándalos surgidos del último proceso electoral, un grupo de diputados de oposición presentó un proyecto para reducir la fiscalización. La norma derogaría 41 artículos del Código Electoral, eliminaría controles sobre el gasto del financiamiento privado y su sujeción al principio de publicidad. El 25% de la contribución estatal podría invertirse sin mayores controles y el 75% restante lo administraría el TSE para financiar propaganda política.
Las posibilidades de éxito del proyecto son discutibles dado el estado de la opinión pública en este tema, pero ilustra la dirección en que importantes sectores del Congreso preferirían transitar. En un sentido similar, el jefe de la fracción liberacionista, Fabio Molina, expresó preocupación por “tantísima objeción” del TSE a la hora de girar los recursos. “Si nos ponemos con criterios de auditor, desconocemos que la política es creatividad”, añadió.
El problema de la deuda política trasciende los periodos de campaña. Los escándalos erosionan la confianza en las instituciones y, cuando tocan al partido de gobierno, afectan la legitimidad de su mandato. Son una enfermedad recurrente del sistema político y, entendido así el problema, poca duda cabe de la urgencia de una solución.
