Un cúmulo de circunstancias curiosas y coincidencias extremas justifican la decisión de investigar al magistrado Celso Gamboa, pero las revelaciones ya son demasiadas

 19 octubre

El magistrado Celso Gamboa dio una versión inequívoca de los hechos: no viajó a Panamá en compañía del importador de cemento chino Juan Carlos Bolaños, si bien coincidieron en el vuelo de ida y también en el de regreso. La coincidencia estira los límites de la credulidad. Los dos decidieron partir el domingo 9 de octubre del 2016 y volver al día siguiente. No solo coincidieron en los vuelos, sino también en la cortísima estadía.

Además, a ambos se les ocurrió viajar un domingo, día inusual para un magistrado con obligaciones laborales al día siguiente. Gamboa dijo haber hecho el viaje para comprarle ropa a un hijo recién nacido, pero se dejó poco tiempo para recorrer tiendas. En el vuelo también iba el exembajador en Panamá y exviceministro de transportes Rodrigo Rivera. Su boleto lo pagó la gerencia de Sinocem, interesada en contratarlo como asesor legal. Bolaños aprovechó el viaje para hacer trámites de esa naturaleza. El suyo fue un viaje de negocios.

La Corte Plena abrió una investigación y, si se llegara a descartar la coincidencia, sería necesario explicar por qué viajó Gamboa con un empresario en gestiones propias de su negocio, en el mismo avión con un potencial asesor legal, a la sazón exembajador en Panamá, donde Bolaños domicilió a Sinocem.

Gamboa, por otra parte, no disputa haber acompañado a Bolaños hasta la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en San José, donde debía obtener una certificación. En eso ya no hay coincidencia. Se presentaron juntos. Así lo recuerdan los funcionarios del despacho y así lo admite el magistrado. Ese hecho acrecienta las dudas sobre la coincidencia del viaje, porque apunta a la existencia de una relación entre Bolaños y Gamboa.

Además, la comisión legislativa encargada de investigar los créditos del Banco de Costa Rica recibió el testimonio de un fiscal a quien Justo Pastor López, letrado de Gamboa, llamó en varias ocasiones para preguntar por una causa relacionada con el escándalo del cemento.

Cuando Gamboa dejó el Ministerio de Seguridad Pública en el 2015, el jefe del Ministerio Público, Jorge Chavarría, lo nombró fiscal adjunto. Chavarría también fue suspendido tres meses luego de conocerse las omisiones en la información proporcionada por la Fiscalía a la Sala III junto a una solicitud de desestimar la causa seguida contra dos diputados por supuesto tráfico de influencias en favor de Juan Carlos Bolaños. Gamboa votó afirmativamente la desestimación.

Berenice Smith, la fiscala subrogante cuya firma calza la petición de desestimación, renunció cuando trascendió la omisión de los datos. Se trata de un informe del OIJ que documenta las comunicaciones entre Bolaños y los investigados y apunta a la necesidad de mantener abierta la investigación en vez de desestimarla. Smith también se había encargado de un informe sobre la investigación seguida contra Gamboa por el supuesto intento de nombrar al hijo de un diputado en el OIJ. La denuncia la planteó Wálter Espinoza, director del cuerpo policial, pero Smith no encontró razones para seguir con el caso y su criterio contribuyó a cerrarlo.

Tantas circunstancias curiosas y coincidencias extremas justifican plenamente la decisión de investigar y también la de suspender a Gamboa mientras se hacen las averiguaciones. La investigación ya rindió un fruto imposible de atribuir a la coincidencia: los boletos de Gamboa y Bolaños fueron comprados a la misma hora y fecha, con la misma tarjeta, dos días antes del viaje.

Gamboa ya no dice haber viajado a comprar ropita de bebé. Ahora explica el viaje como “un asunto” de su “vida matrimonial” que está “resolviendo en casa”. Pero sin importar a quien pertenece la tarjeta de crédito, el pago de los boletos establece un nexo mucho más estrecho que el inicialmente admitido por Gamboa y lo obliga a ajustar el recuento de los hechos. El magistrado no se ha apegado a la verdad y esa sola circunstancia hace pensar en los beneficios de una renuncia oportuna, tanto para el Poder Judicial como para la institucionalidad en general.