EscucharUn estudio actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dado a conocer a finales del 2015, proponía elevar el aporte al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) del 8,5% al 14%, ajustando paulatinamente las contribuciones del Estado, los trabajadores y los patronos, cada cinco años, entre el 2020 y el 2040.
En el 2005, la institución había estimado suficiente el aumento de los aportes tripartitos hasta alcanzar un 10,5% en el 2035. La situación, según el estudio del 2015, había empeorado bastante. Ahora, la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica plantea la posibilidad de elevar las cotizaciones al 26,4% del salario mediante ajustes ejecutados entre el 2019 y el 2049.
En el 2015, la Caja también rechazó el estudio del actuario argentino Eduardo Melinsky, cuya evaluación concluyó que las reservas del IVM estaban en riesgo de agotarse a partir del 2023. Ahora, los expertos de la UCR estiman posible que los aportes y rendimientos de las inversiones del IVM no alcancen para pagar las pensiones en el 2022, por lo cual sería necesario echar mano a las reservas y la insolvencia podría presentarse en el 2027.
En el 2010, cuando la Caja aseguraba la solidez del sistema hasta el 2038, el superintendente de pensiones Édgar Robles la acusó de “maquillar” las cifras. Ese mismo año, la institución negó información al superintendente por haber revelado el estudio de la firma Nathal y Asociados, donde se pronosticaban las dificultades del régimen para el 2025.
La Caja le objetó a Nathal una mala interpretación de la realidad salarial nacional, el plazo de proyección del estudio y otros factores, e insistió en la conveniencia de pedir un dictamen a la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según la OIT, el IVM sería sostenible por 25 años, pero sus proyecciones pronto cayeron en contradicción con la realidad. Ya en el 2013, los ingresos estimados en ¢345.156 millones fueron de ¢114.589 millones en la realidad. En el 2014, a pesar de una economía creciente, la brecha entre ingresos reales y esperados más bien aumentó. La OIT también estimó que los intereses de la reserva se utilizarían a partir del 2028 pero, en realidad, así ocurre desde el 2009.
Sin embargo, el estudio de la OIT le sirvió a la Caja para ganar tiempo frente a las críticas de la Superintendencia y las conclusiones de Nathal. En agosto del 2009, Carlos Lozano Nathal concedió una entrevista a La Nación donde describió la actitud de los técnicos de la Caja en términos muy esclarecedores de la actitud adoptada a lo largo de los años por la institución: “Al principio hubo mucha colaboración, pero cuando surgió lo del déficit y otras diferencias que ellos no pudieron justificar, la relación se empezó a tornar caótica y nos empezaron a restringir información. Es decir, no nos dieron la escala salarial, nos dieron una base de datos que hubo que rehacer, etc., etc., y al final, no nos dieron toda la información”.
Melinsky, por su parte, comenzó a ser blanco de conspiraciones burocráticas cuando apenas iniciaba su estudio. La gestión quedó descarrilada por el alegato de irrespeto a las formalidades de contratación. Nunca ha faltado un motivo para ignorar a los actuarios, superintendentes y otras voces preocupadas por el futuro del IVM.
Por eso, el mismo editorial del 2009 rezaba: “Con la jubilación de un par de generaciones de costarricenses en juego, lo menos que necesita el país es falta de transparencia y negación de la realidad”. Lo escrito hace más de seis años sigue siendo válido, sobre todo a la luz del informe de la Escuela de Matemáticas cuyas conclusiones no distan de las recogidas en estudios anteriores.
