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EDITORIAL

La grieta fiscal

Actualizado el 03 de marzo de 2014 a las 12:00 am

Mientras los ingresos totales del Gobierno central se incrementaron un 4% durante el año que cerró el 31 de enero pasado, los gastos globales crecieron un 11%

El próximo gobierno, cualquiera que sea, deberá enfrentar con determinación el gasto y el resultante déficit fiscal si quiere evitar una crisis

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Información provisional recabada en el Ministerio de Hacienda confirma que la brecha fiscal continúa ensanchándose. El problema, una vez más, son los gastos totales, cuya tasa de expansión triplica el incremento de los ingresos. Nada se logra con formular buenas propuestas de reforma tributaria si, en vez de avanzar, se retrocede en las erogaciones.

Las cifras no llaman a engaño. Mientras los ingresos totales del Gobierno Central se incrementaron un 4% en términos reales durante el año que cerró el 31 de enero pasado, los gastos globales crecieron un 11%, también en términos reales. Esta última expansión triplica el porcentaje de crecimiento de la producción nacional, inferior al 4% real en ese mismo período. Como consecuencia, el déficit fiscal, que alcanzó ¢1,3 millones de millones en enero, fue un 35% más alto respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Por qué se acelera el gasto? Por influencia de tres rubros que no se han podido controlar: remuneraciones, transferencias e intereses. Cada uno de ellos tiene sus propias complicaciones técnicas, legales y políticas. El más preocupante y difícil de resolver son las remuneraciones, caracterizadas por sus niveles elevados (superan en mucho las equivalentes del sector privado); su carácter discriminatorio (unos empleados ganan más que otros en similares categorías; los pluses salariales concedidos por un sinnúmero de motivos que multiplican cualquier ajuste salarial a la base y, desde luego, el incremento de plazas registrado en el ultimo año a pesar del decreto que, supuestamente, las congeló.

Controlar los salarios del sector público ha sido una aspiración gubernamental no realizada. El Gobierno elaboró un proyecto de ley para racionalizar las remuneraciones, pero los sindicatos del sector público lo rechazaron ad portas . La tarea está aun pendiente.

El gasto en la planilla no solo se ha incrementado por los ajustes salariales, sino por incremento del número de empleados. El año pasado se registraron unos 3.270 empleos más en educación. Comparado con el 2012, hubo alrededor de 500 adicionales en seguridad y se trasladaron 400 plazas del Consejo de Seguridad Vial al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que ahora pesan en la planilla del Gobierno central. Por otra parte, no se han dado a conocer cifras de aumento salarial e incremento de la planilla en el resto del sector público descentralizado. Pero, según información suministrada por el ministro de Hacienda Edgar Ayales, ese sector representa dos terceras partes del total, y se encuentra totalmente liberado de los controles que otrora ejercía la Autoridad Presupuestaria, tanto en materia de sueldos y salarios como en el total de la planilla. Cualquier reforma fiscal debería pasar por restaurar esos controles para asegurar, de nuevo, el equilibrio presupuestario.

Las transferencias también se han salido de control. Una de las más importantes se dirige a las universidades públicas, que tampoco han querido someterse a ningún control externo, ni siquiera del Ministerio de Hacienda, ni ha habido en los gobiernos autoridad suficiente para enfrentarlas. Y el tercer rubro, intereses, es otro que podría resultar explosivo este año, pues el desequilibrio fiscal y el desarrollo del mercado cambiario, con sus efectos en la inflación, podrían provocar un aumento no previsto en las tasas de interés y disparar el déficit.

Es muy posible que este año la producción nacional crezca en forma similar al año anterior, alrededor de un 4% real según el Programa Macroeconómico del Banco Central. Eso significa que los ingresos tributarios se expandirán a esa misma tasa porcentual. Pero si los gastos programados crecen en la misma relación que en 2013, al 11%, el déficit fiscal también se incrementará, con todas las secuelas económicas que eso causa.

El aumento del déficit fiscal se sentirá en las tasas de interés, que tenderán a incrementarse. Tasas más altas incrementarán el gasto de todas las instituciones financiadas en el mercado local, y aumentará el déficit fiscal en un círculo vicioso. Pero también las personas y empresas endeudadas sentirán sus efectos al subir las cuotas mensuales, y se podría afectar la capacidad de pago de los deudores debido a la variabilidad de los contratos de préstamo ligados a la tasa básica pasiva.

El mayor déficit fiscal se reflejará también en la demanda agregada y causará presiones inflacionarias, provocará mayores ajustes salariales, y presionará adicionalmente el gasto fiscal. A la vez, aumentará el desequilibrio de la cuenta corriente de la balanza de pagos, ejerciendo mayor presión sobre el tipo de cambio. Finalmente, la deuda pública, que ya alcanza un 40% del PIB, podría provocar una baja en la calificación de riesgo del país.

Todos estos efectos, que hemos comentado en otras oportunidades, son muy importantes como para ser ignorados. El próximo gobierno, cualquiera que sea, deberá enfrentar con determinación el gasto y el resultante déficit fiscal si quiere evitar una crisis. El tiempo de trasladar el ajuste para más adelante ya se acabó.

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