Opinión

EDITORIAL

La gran farsa de Ortega

Actualizado el 09 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

Los comicios del domingo, sin real oposición ni transparencia, carecen de legitimidad

El país se ha precipitado, sin máscaras, en un régimen patrimonialista y familiar

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La gran farsa de Ortega

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La farsa electoral protagonizada este domingo es un punto culminante en el camino hacia la destrucción democrática total de Nicaragua. Con la “reelección” de Daniel Ortega como presidente, acompañado por su esposa, Rosario Murillo, como vice, se ha consolidado un proceso de extrema concentración del poder en una nueva dinastía político-económica familiar, que enarbola la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y se arropa con una confusa mezcla de retórica socialista, revolucionaria, cristiana y paternalista, pero que realmente está motivada por una voracidad sin límite.

El golpe a lo poco que quedaba de institucionalidad republicana en el país ha sido demoledor. Las expectativas que se abren sobre su futuro son, por decir lo menos, en extremo perturbadoras. A partir de ahora, el curso de las libertades públicas en Nicaragua quedará sometido al arbitrio casi total de la pareja gobernante, y lo más probable es que sean restringidas cada vez más.

La total falta de legitimidad de los comicios resulta evidente. Que la fórmula presidencial coincidiera con la matrimonial no fue producto de un simple capricho, sino una manera de asegurarse el dominio absoluto y la sucesión del poder dinástico en construcción. Por decisiones de una justicia politizada se impidió la participación de una alianza opositora que tenía posibilidades de triunfo; en su lugar, además del sandinismo, quedaron una serie de pequeños partidos sometidos a la voluntad y prebendas del gobierno (“zancudos”, en la jerga política nicaragüense). Los recursos del Estado se pusieron al servicio del oficialismo. Las autoridades impidieron la presencia de observadores electorales independientes, y el Consejo Supremo Electoral (CSE) actuó en total penumbra, lo que le facilitó manipular los resultados a su antojo.

Según sus datos oficiales, Ortega obtuvo nada menos que el 72,5% de los votos, diez puntos porcentuales más que hace cinco años, y la participación alcanzó el 68,2% de los votantes inscritos: algo inverosímil y hasta ridículo. Además, el sandinismo tendrá un control abrumador de la Asamblea Nacional. Los sectores de oposición, en cambio, reportan un abstencionismo que rondó entre el 41,8% calculado por el minúsculo y complaciente Partido Conservador y un 68%, de acuerdo con el Frente Amplio por la Democracia, vetado en los comicios. Además, varios testimonios ratifican una escasa asistencia de público en todo el territorio, lo cual refuerza la presunción de una abstención masiva.

Con esta gran farsa y con la captura final del poder por los Ortega-Murillo, culmina un período en que, después de la “primavera” protagonizada por Violeta Barrios de Chamorro tras derrocar a Ortega en 1990, Nicaragua comenzó a retroceder, primero lentamente, luego con celeridad, en su desarrollo democrático e institucional. A partir del gobierno de Arnoldo Alemán, entre 1997 y el 2002, afloraron la corrupción y las componendas palaciegas. La independencia de las nuevas instituciones republicanas –incluidos el Poder Judicial, la Contraloría y el CSE– se debilitó ante el embate de los intereses patrimoniales y politiqueros. Se perdió todo asomo de seguridad jurídica. Las organizaciones de la sociedad civil enfrentaron un creciente hostigamiento.

Ortega, quien ganó la presidencia en el 2007 con poco más de un tercio de los votos, aceleró el proceso. Una mayoría de medios de comunicación cayó bajo control directo o indirecto del sandinismo, y el presidente supuestamente de izquierda forjó una alianza inconfesable con el gran capital, que se mantuvo silencioso ante sus avances autoritarios a cambio de garantías de que sus representantes podrían seguir actuando sin tropiezos.

Mientras esto ocurría, se fue dando un creciente dominio del poder, primero por el FSLN y muy pronto por la familia Ortega Murillo. El clan ha extendido sus tentáculos no solo hacia todas las instancias imaginables del Estado, incluidas las fuerzas armadas y la Policía, sino también hacia una gran cantidad de negocios, medrando con su capacidad para dar o quitar privilegios. Con las “elecciones”, Nicaragua se ha hundido, ya sin máscaras, en una virtual dictadura familiar y patrimonial, al peor estilo de la desaparecida dinastía inaugurada por Anastasio Somoza García.

A partir de ahora, las razones para el pesimismo sobran. El país se moverá sobre una peligrosa cuerda, en la que la dictadura abierta, la crisis socioeconómica, la violencia y la pauperización lucen como las posibilidades más factibles, en grados variables. Si se produjera una fuerte presión a favor de la democracia por parte de la comunidad internacional, de la cual aún Nicaragua depende en buena medida para su supervivencia, al menos se podría atemperar el ímpetu dictatorial y salvar parcelas de libertad. Hasta el momento, sin embargo, la actitud externa ha sido muy silenciosa. Es necesario que cambie y que cese la complacencia que ha contribuido a lo que enfrentamos ahora.

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