Opinión

EDITORIAL

Un gesto simbólico

Actualizado el 07 de noviembre de 2015 a las 12:00 am

La eliminación de las fiestas con cargo a la Hacienda Pública no pasa de ser un gesto simbólico, útil para apaciguar, en algo, la indignación de la opinión pública

La fiesta de Recope, con todo y su presupuesto de ¢6,8 millones, es un gasto relativamente bajo en comparación con otros privilegios

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Sara Salazar, presidenta ejecutiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 107 de la convención colectiva vigente en la empresa estatal, a cuyo amparo la institución financia actividades sociales y recreativas de sus empleados. Está de por medio el buen uso de la Hacienda Pública, dice el comunicado de prensa, y la cláusula cuestionada contraviene los principios de razonabilidad, proporcionalidad y uso eficiente de los recursos estatales.

El razonamiento es inobjetable, pero invita a preguntar por qué no se hizo antes. Más aún, suscita preguntas sobre otros privilegios consagrados en la convención colectiva. En un país con seguro social universal, los empleados de Recope gozan de servicios adicionales de psicología, odontología y ginecología, entre otros. La institución y los funcionarios cotizan a la Caja, como los demás trabajadores y empresas. Tienen derecho a la misma atención, pero pretenden pasar al costo de los combustibles el gasto en consultas médicas privadas. ¿Es ese beneficio compatible con los principios de razonabilidad, proporcionalidad y uso eficiente de los recursos estatales?

Si no lo es, la acción de inconstitucionalidad contra el financiamiento de las fiestas queda muy corta. Los gastos médicos pagados por partida doble –a la Caja y a los consultorios privados– son apenas un ejemplo. Hay infinidad de privilegios similares incorporados a las convenciones colectivas de Recope y otras instituciones estatales.

La fiesta que indignó a la opinión pública y forzó la reacción de la presidencia ejecutiva de Recope, con todo y su presupuesto de ¢6,8 millones, es un gasto relativamente bajo en comparación con las demás ventajas financiadas con dinero público. Cabe preguntar, entonces, por qué se limita la acción de inconstitucionalidad a las fiestas.

Por los mismos motivos, es insuficiente la directriz presidencial emitida para instar a los jerarcas de las demás instituciones a denunciar las cláusulas de las convenciones colectivas relacionadas con el pago de festejos. En todas partes hay excesos, mucho más costosos, y el gobierno lo sabe.

En lo sustancial, en lo verdaderamente significativo, la administración se mueve en el sentido contrario. El ministro de la Presidencia escribió a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para pedirle cambiar de criterio en cuanto a la exclusión de los gastos de la convención colectiva de Recope de la fórmula de cálculo utilizada para fijar el precio de los combustibles.

La Aresep no actuó por capricho. El Tribunal Contencioso Administrativo, en un caso relacionado con la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), le reconoció la potestad y le recordó la obligación de establecer las tarifas a partir de los costos “necesarios” para producir los servicios. La relación esencial entre la ginecología y la distribución de combustibles es, desde luego, un misterio insondable, pero, en lugar de alinearse con la Aresep y la jurisprudencia, la administración acoge la tesis contraria.

El gobierno también se comprometió con los sindicatos a revisar una directriz del Ministerio de Trabajo sobre la denuncia y renegociación de convenciones colectivas demasiado costosas o plagadas de privilegios. Nada eso obsta para que insista en pregonar la existencia de un proceso de revisión de las convenciones colectivas, iniciado en el 2014, “para procurar su racionalización”. El mensaje es totalmente contradictorio. La eliminación de las fiestas no pasa de ser un gesto simbólico, útil para apaciguar, en algo, la indignación de la opinión pública, pero totalmente ayuno de impacto sobre los grandes números del gasto exorbitado.

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