Opinión

EDITORIAL

Un freno oportuno

Actualizado el 19 de septiembre de 2015 a las 12:00 am

Criterios de la Contraloría y la Procuraduría ponen en duda el plan del ICE para incursionar en obra pública ajena a su misión

El caso ilustra la importancia de preservar la independencia de los órganos de fiscalización y control

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La Contraloría General de la República puso una piedra en la ruta trazada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para incursionar en la construcción de obra pública ajena a su misión fundamental, es decir, la electricidad y las telecomunicaciones.

Ante una petición del Ministerio de Hacienda, interesado en contratar la construcción de un edificio para instalar un centro de procesamiento de datos, la Contraloría pidió consultar a la Procuraduría sobre la legalidad de autorizar al ICE a emprender actividades de constructor.

El 4 de agosto, tras una consulta del diputado libertario Otto Guevara, la Procuraduría adelantó un criterio contrario a las pretensiones del ICE y del Gobierno, interesado en permitirle a la empresa estatal emprender otras actividades, pese a los cuestionamientos que pesan sobre varias obras propias de su giro y la gestión de diversos negocios.

Según la Procuraduría, el ámbito de acción del ICE, definido por la ley, no le permite incursionar en otros campos. Solo la Asamblea Legislativa, mediante una reforma a la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones (N.° 8.660) y al decreto ley que dio origen al ICE, podría despejar el camino para convertir a la empresa estatal en compañía constructora del Estado.

Pero el criterio de la Procuraduría solo es vinculante para la administración que consulta y como la pregunta la planteó un legislador, y no el ICE, la oportunidad sigue abierta para la gestión sugerida por la Contraloría, cuyas dudas sobre la legalidad del proyecto propuesto por Hacienda encuentran fundamento en el criterio vertido a instancia del diputado Guevara.

Hacienda y el ICE pusieron oídos sordos al pronunciamiento de la Procuraduría e intentaron obtener autorización del ente contralor, pero la respuesta recibida obliga a hacer la nueva consulta o emprender la difícil vía de la reforma legal en un Congreso mayoritariamente escéptico de las ventajas de meter al ICE en el negocio de la construcción de obra pública ajena su misión fundamental.

El propio presidente de la República admitió que la reforma legislativa podría ser la única vía para concretar la idea promovida por su administración cuando declaró: “Si esto no se puede hacer sin modificar la ley, como dice la Procuraduría, valdría la pena valorar la posibilidad de una modificación legal”.

Por lo pronto, no se vislumbran motivos para que la Procuraduría cambie el criterio vertido hace pocas semanas. Si el ICE consulta, se arriesga a recibir la misma respuesta dada en su momento al diputado Guevara, esta vez con carácter vinculante y sin lugar a más dudas.

Si la reforma legislativa se confirma como única vía posible, es difícil creer en un trámite acelerado. Por el contrario, las posibilidades de aprobación de semejante iniciativa parecen escasas. En esas circunstancias, las preguntas sobre la planilla del ICE se multiplican. Si la institución tenía los recursos para emprender la construcción de obra pública, pero no le es posible hacerlo, ¿dedicará esos recursos al ocio?

El caso también ilustra la importancia de preservar la independencia de los órganos de fiscalización y control. La insistencia en sacar adelante la propuesta de hacer del ICE una empresa constructora de obras ajenas a su misión, pese al criterio de la Procuraduría, sin carácter vinculante pero con toda claridad, demuestran la determinación del Ejecutivo, cuyo único freno está en los abogados del Estado y en el ente contralor. Es una lección a tomar en cuenta cuando el Congreso se vea obligado a decidir quiénes ejercerán, en el futuro, tan importantes funciones.

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