EscucharEn la lista de los 20 empleadores con mayor porcentaje de incapacitados en el 2012, hay 18 instituciones públicas. En el fondo de la clasificación figuran dos empresas privadas, pero en ellas el porcentaje de la planilla con al menos un día de permiso por enfermedad no llega a la mitad de la cifra reportada por las instituciones ubicadas a la cabeza de la lista.
En Hewlett Packard se incapacitó el 21% de la nómina, pero en el Instituto Nacional de Seguros (INS) se enfermó el 55%.
En la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, ubicada en el último lugar, un 12% de los trabajadores gozaron de licencia, pero en la Municipalidad de San José el 50% de los funcionarios fueron incapacitados.
Ninguna característica del empleo en el INS y las demás entidades públicas incorporadas a la lista explica la cantidad de enfermedades. Antes bien, es perfectamente posible presumir un mayor número de afecciones en empresas dedicadas a las duras faenas del agro, como Del Monte.
Aparte de la pertenencia al sector público, la mayoría de las 18 entidades estatales de la clasificación garantizan a sus funcionarios la totalidad del salario mientras se encuentran incapacitados. Los empleados del sector privado reciben un subsidio del 60%, pagado por la seguridad social.
En ausencia de factores de riesgo particulares, capaces de explicar las epidemias, la lógica apunta en tres direcciones: trabajar para el Estado afecta la salud, el pago del subsidio equivalente a la totalidad del salario enferma, o la combinación de ambos produce condiciones de insalubridad.
Esa lógica, sin embargo, no encaja con la ciencia médica y sus estadísticas. La identidad del patrono no determina la vulnerabilidad ante las enfermedades y los beneficios laborales no afectan la salud.
La concentración de males en el sector público, conformado por instituciones tan diversas, tampoco puede ser explicada como casualidad.
Es obvio, y el país lo sabe desde hace mucho tiempo, el flagrante abuso cometido con las incapacidades en el Estado. No tiene disimulo y está a vista de todos, lo mismo que la factura volcada en hombros de los demás ciudadanos, a quienes no les asisten los mismos privilegios. Es, simplemente, un descaro.
Por eso se justifica celebrar la decisión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de restringir y uniformar los plazos de incapacidad según el tipo de enfermedad diagnosticada. Si el médico concede un plazo mayor, deberá justificarlo.
El renovado Reglamento para el otorgamiento de incapacidades a los beneficiarios del seguro de salud también adoptará nuevos requisitos para conceder los permisos y regulará las condiciones para suspender el beneficio.
Las facultades de los médicos residentes (estudiantes de medicina en proceso de especializarse) para conceder permisos también se verán restringidas, pues a ellos se les atribuye un elevado número de las incapacidades concedidas.
Las licencias prolongadas serán sometidas a revisión de la Comisión calificadora del estado de invalidez y cuando el permiso exceda los cuatro días, las boletas deberán ser firmadas por el jefe inmediato del asegurado para acreditar el conocimiento del caso por parte del patrono.
Las medidas son loables y, en general, es de esperar una mejor supervisión de la labor de los médicos por parte de la Caja, pero también es necesario eliminar los perversos incentivos para el fraude creados mediante la concesión de privilegios. Ya la Procuraduría General de la República aclaró la impertinencia de tomar en cuenta el subsidio por enfermedad para calcular los beneficios cuya estimación se basa en el salario, como el aguinaldo y la cesantía.
Es hora de aplicar ese dictamen a toda la administración pública y eliminar, de paso, el subsidio equivalente a la totalidad del salario.
