Una vez resuelto el litigio en La Haya, el Gobierno costarricense debe considerar con toda seriedad la conclusión de la trocha fronteriza

 17 abril, 2015

Las audiencias del juicio para resolver la disputa fronteriza con Nicaragua comenzaron el martes, en La Haya, con el señalamiento costarricense de un “atentado” del gobierno de Daniel Ortega contra la coexistencia pacífica de las dos naciones. Es una buena descripción de la repentina invasión del territorio costarricense de isla Calero y los daños causados en la región por las dragas de Edén Pastora.

Menos estimable es la pormenorización del conflicto hecha por el agente de Nicaragua, Carlos Argüello, para quien la disputa “no es un asunto del que depende la seguridad o la riqueza de cualquiera de las dos naciones”.

Costa Rica tiene derecho a la integridad de su territorio y la invasión de un palmo lesiona su seguridad, establece peligrosos precedentes y atenta contra la coexistencia pacífica, como bien dijo nuestra representación ante la Corte Internacional de Justicia.

La diferencia de valor concedido al proceso por cada una de las dos naciones apunta al agresor. Costa Rica defiende su derecho y el gobierno de Daniel Ortega se sabe transgresor del derecho ajeno. Por eso minimiza las implicaciones del caso mientras nuestro país les concede la mayor importancia.

Hacen bien nuestras autoridades en presentarse ante la Corte con actitud firme, sin vacilaciones ni renuncia a caracterizar el caso como lo que realmente es: una invasión de nuestro territorio, incompatible con la pacífica coexistencia.

En setiembre del 2014, nuestro Gobierno intercambió notas con el de Nicaragua para iniciar la recuperación del humedal dañado cuando el gobierno de Ortega abrió en el extremo norte de isla Calero caños para desviar el curso del río San Juan a través de territorio costarricense. La reparación fue ordenada por la propia Corte Internacional de Justicia y la responsabilidad de ejecutarla se le confió a nuestro país. A Nicaragua, los jueces le ordenaron suspender el dragado.

Ahora, a pocos días de iniciarse las audiencias en La Haya, la Cancillería nacional comunicó a la nicaragüense la intención de cerrar los caños artificiales, en cumplimiento de la orden de la Corte de La Haya y con el aval de Ramsar, entidad dedicada a la protección de humedales, pero la respuesta de la nación vecina fue impedir la navegación por el río para trasladar los materiales necesarios. Por eso, el Gobierno se vio obligado a contratar los servicios de un helicóptero e inició las obras, previa notificación a Managua.

Las actuaciones de nuestro Gobierno han sido las propias de un país democrático, comprometido con el respeto al derecho internacional y las normas de pacífica convivencia. Es una actitud contrastante con la de la administración Ortega, que aprovecha el proceso abierto por Costa Rica en La Haya para oponerse a la construcción de la desafortunada trocha fronteriza, cuya existencia facilitaría, precisamente, la atención de la zona limítrofe, su vigilancia y el desarrollo de las obras requeridas, sin necesidad de navegar por el San Juan.

Una vez resuelto el litigio en La Haya, el Gobierno costarricense debe considerar con toda seriedad la conclusión de la trocha, cuya naturaleza polémica estriba en la mala ejecución, no en el cuestionamiento de su importancia para la salvaguarda de los intereses nacionales.

En marzo del año pasado, el entonces candidato presidencial Luis Guillermo Solís ofreció a un grupo de vecinos de Los Chiles completar las obras. El ahora presidente se comprometió a readjudicar los contratos e impulsar la elaboración de planos y diseños definitivos. “Hay que hacer lo necesario para que este proyecto se termine y se termine bien”, afirmó. El mandatario merece todo el apoyo para sacar adelante ese empeño.