Opinión

EDITORIAL

El fin de La Gaceta impresa

Actualizado el 09 de enero de 2013 a las 12:00 am

El ahorro y las facilidades de acceso no son los únicos argumentos a favor de la publicación digital, aunque bastarían para justificarla

La tardanza en la eliminación del papel no resta mérito a quienes finalmente dieron el paso, pero demuestra la resistencia al cambio en las instituciones estatales

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Llegado el 30 de junio, el diario oficial La Gaceta circulará por última vez en papel impreso. Solo resta preguntar por qué hasta ahora, cuando ya era evidente, desde hace años, la irracionalidad de incurrir en cuantiosos gastos para producir 1.400 ejemplares, insuficientes, siquiera, para informar a los 22.000 abogados colegiados, no hablemos ya de la población en general.

Mantener la ficción de la publicidad de leyes, decretos, edictos y otros actos oficiales costó, hasta ahora, cientos de millones de colones por año. Solo la impresión de entre 800 y 850 ejemplares diarios del Boletín Judicial generó, en un par de años, una factura de ¢344 millones, que la Corte Suprema de Justicia rehúsa pagar, pese a los reclamos de la Imprenta Nacional. La Corte argumenta la gratuidad del patrocinio legal.

La polémica entre la Imprenta y la Corte por los gastos surgidos de la absurda insistencia en imprimir La Gaceta no es única. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), carente de los ¢120 millones necesarios para imprimir el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, pidió a la Imprenta permitir el pago en abonos. Pasados dos años desde su aprobación por la Asamblea Legislativa, el convenio, un compromiso internacional de importancia para el comercio y la seguridad, no había entrado en vigencia por falta de presupuesto para la publicación.

La Gaceta exige el gasto de ¢2,5 millones diarios y 5 millones de pliegos de papel por año. La entrega a domicilio cuesta ¢150 millones. Parte del costo lo financian los suscriptores, pero, como lo demuestran los desacuerdos con la Corte y el MOPT, una buena porción de las erogaciones corre por cuenta del contribuyente.

El Colegio de Abogados manifestó su conformidad con la eliminación de los ejemplares en papel si la Imprenta garantiza el acceso de todos los habitantes del país a la información. La condición está de más. La digitalización de La Gaceta implica, en sí misma, una difusión mucho más amplia de sus contenidos, aun entre los abogados. No toda la población cuenta con acceso a Internet, pero sus usuarios son muchos más que los servidos por los 1.400 ejemplares impresos a diario.

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Para ampliar la disponibilidad de la publicación, la Imprenta generará ejemplares electrónicos en las bibliotecas públicas y siempre será más fácil, incluso para quienes requieran de asistencia a la hora de navegar por la red, echarle un vistazo a un ejemplar digital que encontrar una de las escasísimas versiones impresas.

El ahorro y las facilidades de acceso no son los únicos argumentos a favor de la publicación digital, aunque bastarían para justificarla. La celeridad de las publicaciones, exigidas para infinidad de trámites en las esferas pública y privada, mejorará el ambiente de negocios y hasta los procesos legislativos, para no mencionar la entrada en vigor de importantes piezas de legislación, como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.

La tardanza en la eliminación del papel no resta mérito a quienes finalmente dieron el paso, pero demuestra la resistencia al cambio en las instituciones estatales, aun ante los más obvios beneficios. Antes de adoptar decisiones con riesgo de polémicos efectos colaterales, los jerarcas prefieren el gasto irracional y la ineficiencia del servicio.

Con la evidente intención de allanarle el camino a La Gaceta digital, Jorge Vargas, director de la Imprenta Nacional, se apresuró a asegurar que no habrá despidos ni cambio en los salarios, sino una reestructuración interna, porque la institución también imprime agendas, boletines, desplegables y otros materiales. Quizá la Imprenta necesite el mismo personal para desempeñarse tras la digitalización de su principal producto, pero la aclaración del funcionario apunta a uno de los focos de resistencia: el empleado público preocupado por preservar su puesto de trabajo. El desempleo es una preocupación de todos, pero no es buena política combatirlo con cargo al presupuesto del Estado, haga o no haga falta el funcionario. Tampoco debe ser pretexto para aplazar los cambios.

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