Cualquier día, en la madrugada, una mujer de Cubujuquí hace fila fuera del hospital de Heredia. Su primo, su madre y un tío ocupan otros tres puestos en la fila. Fueron contratados para obtener citas médicas en nombre de sus vecinos. Son “gavilanes” y la comunidad lo sabe. Parte del trámite de una cita en la seguridad social es presentarse el día antes en la casa de la mujer con ¢5.000 o ¢10.000 en la mano.
Es difícil reclamar a estos gavilanes la irregularidad de su servicio. Por los ¢10.000 llegan al hospital a medianoche, duermen afuera, cobijados como pueden, y esperan hasta lograr la cita. Es una forma muy dura de ganarse la vida. Si no estuvieran en la fila, su lugar lo ocuparían los pacientes. De lo contrario, se verían obligados a desembolsar cinco veces más para ver a un médico privado.
Por otra parte, resulta odiosa la idea del pago adicional por obtener cita y, más todavía, saber que quien no cuente con el dinero no tendrá oportunidad o le será mucho más difícil. Pero culpar a los “gavilanes” no tiene sentido cuando la culpa descansa, sin duda, sobre la Caja Costarricense de Seguro Social.
Bien adentrados en la era de la informática, cuando la idea del Gobierno Digital ya se palpa en la realidad de diversos trámites, los jerarcas de la institución no han logrado culminar el proyecto de Expediente Digital Único en Salud (EDUS) lanzado en la década del noventa. Sistemas similares operan desde los ochenta en países desarrollados y han sido adoptados en todo el mundo, incluida América Latina, desde hace muchos años.
Si el EDUS existiera, las filas de madrugada, los “gavilanes” y los pagos por el favor de obtener una cita serían innecesarios. Habría muchos otros beneficios, pero el otorgamiento ordenado de citas y la simplificación de trámites estarían entre los más notables para la población asegurada. Tanto así que entre las teorías de la conspiración tejidas para explicar el inexplicable atraso de décadas en el desarrollo del EDUS, una muy mencionada es el temor de la Caja a verse inundada por solicitudes de cita si el trámite se hace tanto más fácil.
Nadie querría esa consecuencia, pero tampoco es admisible utilizar las dificultades de la actualidad como filtro para quienes pretenden el servicio. Será necesario adoptar políticas para discriminar entre las consultas necesarias y las superfluas. El EDUS también incrementará la eficiencia de la atención, con lo cual habrá más citas, y la Caja sabe que existe la posibilidad de crear nuevos turnos de atención. La cultura organizacional y la defensa de beneficios individuales se oponen a ampliar los horarios, pero la exigencia social es cada vez más intensa.
Independientemente de la solución para una posible avalancha de solicitudes de cita, la Caja no puede mantener el cruel sistema establecido. Las entrevistas, fotografías y videos publicados por La Nación entristecen profundamente. Luego de recibir órdenes e instancias de la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa, la Caja prometió poner el EDUS a funcionar en el primer nivel de atención (los Ebáis) al finalizar este año.
Está por verse si cumple, pero si lo hiciera, faltarán los otros dos niveles de atención y estaremos bien encaminados hacia la tercera década de desarrollo de un sistema que la institución pudo haber comprado a menor costo que el de la terrible decisión de hacer el desarrollo en casa.
En el 2011, un estudio de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, de la Universidad de Costa Rica, concluyó que el programa es “una colección de dificultades y anécdotas de lo que no se debe hacer a la hora de gestionar proyectos informáticos”. Las consecuencias están a la vista, durante las madrugadas, fuera de clínicas y hospitales.