EscucharEl Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop) nació como entidad pública, dentro del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) pero, en 1982, dejó de tener ese carácter para convertirse en una cooperativa privada con el mismo nombre. Con el cambio también vino el financiamiento, creado por ley, consistente en un 2,5% de los excedentes de las cooperativas. A partir de 1986, se le destinaron fondos adicionales, transferidos desde el Infocoop.
Esa curiosa evolución terminó en una extraña figura: una empresa privada cuyo financiamiento a cargo de otras empresas privadas y del propio Estado es un mandato de ley. La confusión resultante, aunada al desgano de la Contraloría General de la República a lo largo de los años, dejó a Cenecoop, la empresa privada, totalmente por la libre con fondos que el año pasado ascendieron a ¢1.800 millones.
José Luis Alvarado, del Área de Servicios Públicos de la Contraloría, no tiene dudas sobre el carácter público de los fondos girados por el Infocoop, pero la parte “parafiscal”, es decir, los excedentes girados por las cooperativas en cumplimiento de un mandato legal, la están “analizando para determinar su naturaleza”. El análisis parece muy tardado si se consideran las décadas transcurridas desde el inicio de estas prácticas. Por su parte, el Infocoop solo ha hecho una auditoría en 30 años.
Rodolfo Navas, gerente del Cenecoop, no comparte las dudas de la Contraloría sobre la necesidad de supervisar los recursos parafiscales. Por lo menos no la compartía en el 2001, cuando procuraba garantizar el buen uso de los fondos y la fidelidad a su destino para conseguir la aprobación de una reforma que habría permitido a la entidad brindar servicios de asesoría. “Los recursos parafiscales son regulados por la Contraloría y los del Infocoop por el mismo Infocoop. En consecuencia, no habría forma de que se les dé un destino distinto”.
Pero el Infocoop ejerce la supervisión una vez en 30 años y la Contraloría todavía no decide, transcurridos 34 años desde la creación del Cenecoop en su versión de empresa privada, si los recursos parafiscales deben ser controlados. José María Oreamuno, experto en materia tributaria consultado por La Nación, ofreció un criterio a todas luces lógico: “Si estoy obligado a pagar por una ley, esos fondos son públicos y la Contraloría General debería supervisarlos. Los recursos son públicos no solo por su origen en el sistema fiscal o parafiscal sino también por su finalidad pública”.
Pero resulta, además, que la fidelidad a los fines no ha sido una constante en Cenecoop. Los fondos destinados a la formación cooperativista fueron empleados en al menos 20 casos constatados por La Nación para fines distintos a la educación. Con ese dinero se pagaron deudas de otras cooperativas, se construyeron centros de recreo y hasta se hicieron campañas de información sobre el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
La figura completa es la de una empresa privada financiada por ley con fondos de otras empresas privadas y del Estado, que maneja esos ingresos con amplísima libertad, sin supervisión de ninguna entidad estatal y no siempre los dedica a los fines previstos. Es una figura extraña, cuya revisión se impone.
Para comenzar, la Contraloría debería resolver su dilema de décadas sobre la supervisión. Si está dentro de sus potestades, la inspección no debe tardar. En caso contrario, el país queda notificado de la oficialización del descontrol y con el panorama claro. No importa cuál de las dos posibilidades tenga acogida, el panorama ya está lo suficientemente despejado como para decidir si semejante esquema es deseable.
