EscucharLos acontecimientos de los últimos días hacen dudar sobre la aptitud del Banco de Costa Rica (BCR) para desarrollar el negocio bancario. En esas circunstancias, ¿a quién se le ocurriría encargarle la ampliación de la carretera a San Ramón, una de las obras de infraestructura más importantes y necesarias?
Para seguir adelante con el fideicomiso, el Banco exige un control total de la unidad ejecutora del proyecto, autoridad para tomar decisiones sin injerencia del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), libertad para diseñar la estructura financiera del proyecto, independencia a la hora de poner la ruta en operación y una contratación estilo “llave en mano”.
El Banco que dio al país el crédito cementero y la planta de Coopelesca ofrece una carretera de primer orden si se le concede el control absoluto de la obra. De lo contrario, abandonará el proyecto. Al presidente, Luis Guillermo Solís, le encanta la idea. La apoyó con tanta vehemencia que en la Junta Directiva del Conavi hubo protesta por las presiones ejercidas a favor de las modificaciones contractuales exigidas por el BCR.
La decisión final está a cargo de la Contraloría General de la República, que deberá decidir si es posible entregar el control absoluto de la obra al Banco, en los términos exigidos para continuar con la ejecución del proyecto, y si la ley permite ceder potestades asignadas al Conavi.
El BCR ganó el contrato de administración del fideicomiso tras derrotar a Bancrédito, un banco fracasado y, a estas alturas, retirado del negocio de banca comercial. Si la vía a San Ramón no fuera tan importante, el caso daría risa. También cabe imaginar los resultados si el fideicomiso pasa del punto donde está.
Mario Barrenechea, principal impulsor del fideicomiso desde la gerencia del BCR, hoy está suspendido mientras se investiga el caso del cemento chino. Pedro Pablo Quirós, polémico expresidente del Instituto Costarricense de Electricidad nombrado director del fideicomiso por Barrenechea, dejó el cargo aduciendo razones personales.
Sin director y sin su principal impulsor, el fideicomiso está en espera del posible tiro de gracia de la Contraloría. Si no lo recibe, enfrentará el escepticismo de una ciudadanía a la cual no se le pueden predicar las ventajas de “asignar más responsabilidades y, por lo tanto, más riesgos al fiduciario (BCR) y menos al fideicomitente (MOPT-Conavi), porque esa siempre es una fuente de atrasos. Hay que estar pidiendo aprobaciones para todo y en el sector público la aprobación de una cosa no es cuestión de veinticuatro horas”, como en su oportunidad argumentó Barrenechea.
En febrero del 2015, cuando firmó la ley para ejecutar la obra mediante fideicomiso frente a la iglesia de San Ramón, el presidente calificó el hecho como “un acto de respeto para la ciudadanía de Occidente y de todo el país”. Si las decisiones relacionadas con el fideicomiso obedecen al respeto y no a la demagogia, es necesario explicar, con detalle, las circunstancias actuales del proyecto, los planes alternativos y las razones para mantener la confianza depositada en el BCR cuando el gobierno respaldó sus exigencias de control absoluto.
“Ciertamente, hay una importante responsabilidad del gobierno”, dijo el mandatario ante los ramonenses reunidos para celebrar los trabajos de ampliación cuyo inicio parece cada vez más distante. Es hora de dar el paso al frente para asumir esa responsabilidad, sin evadir los cálculos del costo de futuros peajes ni hablar de tarifas “a la sombra”, como ha hecho el gobierno.
El momento de candor de Giselle Alfaro, exviceministra de Infraestructura, en cuya opinión fue un error cancelar la concesión de la autopista, podría ser un ejemplo a seguir. La funcionaria no dudó en señalar la interferencia de las pasiones políticas en la toma de decisiones trascendentales y aludió a que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Si el gobierno hiciera lo mismo, sabríamos a qué atenernos.
