Un informe de la Contraloría General de la República, fechado el 18 de diciembre del 2009, explica con lujo de detalle los fracasos de la contratación administrativa. Es una lectura obligatoria hoy cuando importantes sectores de la política, ubicados en diversos partidos, intentan encontrar chivos expiatorios para su propia falta de ejecutividad. La Contraloría pone el dedo en la llaga cuando examina la incapacidad de las instituciones públicas para transformar sus presupuestos en productos y servicios necesarios para lograr los objetivos con calidad y sentido de oportunidad. En otras palabras, el Estado no ha aprendido a gastar los recursos puestos a su disposición.
La Contraloría estudió el sector a partir de un muestreo de instituciones que, en conjunto, reúnen el 73,6% de los presupuestos públicos. El análisis se centró en la gestión de los proyectos y los procesos de adquisición o abastecimiento. En la muestra destacan los avances de la banca estatal, pero a partir de ahí el panorama se vuelve más sombrío, con matices según el sector analizado. La excepción de la banca no sorprende. Los bancos del Estado se diferencian del resto de instituciones analizadas por desarrollar sus labores en un marco de competitividad. Con ese acicate, han venido fortaleciendo su gestión. Maduran al ritmo de los cambios en el sistema financiero para no quedar al margen.
Tampoco sorprenderá a los testigos de nuestro caos vial la ubicación del sector de Obras Públicas y Transportes entre los más deficientes. “Este sector muestra importantes debilidades en todos los componentes, tanto de la gestión del portafolio de proyectos como de la gestión de abastecimiento, posicionándose como uno de los más bajos y críticos' lo cual evidencia la falta de atención' por adoptar buenas prácticas de gestión”.
Entre los pecados más significativos están la ausencia de regulación interna, una deficiente y limitada planificación de proyectos y serias debilidades en la coordinación entre el ministerio rector, el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). En consecuencia, se dificulta el establecimiento de prioridades, la definición de responsabilidades y la rendición de cuentas. El caótico actuar del sector, dice la Contraloría, termina por “atomizar” los recursos disponibles entre gran cantidad de proyectos cuya atención sobrepasa las capacidades de las instituciones examinadas. De ahí los incumplimientos en la ejecución de obras y el control de los costos.
También con matices, las municipalidades le disputan a Obras Públicas y Transportes el primer lugar en la indiferencia hacia las mejores prácticas: “'los niveles de desempeño son de los más bajos entre los sectores evaluados, producto de la desatención casi generalizada por adoptar prácticas de gestión adecuadas' Este sector evidencia una muy débil gestión en el proceso de formulación, evaluación y planificación de las adquisiciones, cuyo desempeño se ejecuta en ausencia de procesos estratégicos que orienten sus actuaciones y decisiones de inversión. Lo anterior especialmente en proyectos y adquisiciones complejas, cuyas compras no siempre son el resultado de necesidades debidamente justificadas y coordinadas”.
En síntesis, las conclusiones generales de la Contraloría denotan que el Estado, con algunas excepciones, actúa sin establecer prioridades, con olvido de la planificación, en ausencia de mecanismos internos de supervisión y sin una verdadera rendición de cuentas: “'muchas entidades gestionan sus proyectos por ‘ocurrencias’, ejecutando inversiones que no tienen relación con las prioridades institucionales, ni están alineadas con sus objetivos estratégicos, perjudicando el cumplimiento de sus fines y la eficacia de la inversión pública”. En tres palabras: hay abundante desperdicio.
El tema es particularmente relevante ahora que el Gobierno está en busca de soluciones para las finanzas públicas. Un paquete tributario ayuno de planes para retomar la reforma del Estado presentará un flanco débil imposible de disimular. Es relevante también frente a los vientos políticos desatados sobre las instituciones encargadas del control, la supervisión y la orientación de las acciones gubernamentales por las sendas de la legalidad y la buena ejecución.
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