Los resquicios legales y una política pesquera omisa permiten que los piratas jueguen al gato y al ratón con los vigilantes

 4 noviembre, 2014

Cada mes de octubre se recrudece la pesca ilegal en las áreas protegidas y el expolio sistemático de los recursos marinos, bajo la mirada impotente de nuestras autoridades. A esto contribuyen la crisis del sector pesquero, un marco jurídico y tecnológico insuficiente, o la escasa voluntad para aplicarlo con diligencia, y la desproporción entre los escasos medios de vigilancia y los recursos con que cuentan los piratas locales e internacionales.

Pero el absurdo mayor, en esta cadena de factores, es que el Estado costarricense subvenciona a las naves que invaden ilícitamente la Isla del Coco. Como lo demostró una investigación de La Nación , los diez pesqueros con más avistamientos en la zona recibieron diésel a precio preferencial, de parte del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Incluso, algunos de sus capitanes enfrentan causas por piratería y desobediencia a la autoridad.

Hasta el momento, la Ley de Pesca del 2005 ha sido ineficiente para prevenir la floreciente actividad ilegal. Durante esta década, 30 embarcaciones recibieron advertencias de los guardaparques y la Fiscalía de Puntarenas tramitó 14 denuncias, sin que las incursiones hayan disminuido.

En el mismo periodo, si bien se han dado tres condenas, ninguno de los capitanes imputados ha ido a la cárcel debido a que se trata de penas muy bajas. Tampoco se ha logrado indemnizar al Estado por el daño ambiental causado.

Se calcula que unas 15 naves, o más, ingresan diariamente en el perímetro restringido de la Isla del Coco, muchas de las cuales han sido vistas en faenas de pesca, tanto por autoridades locales como por organizaciones internacionales, lo que pone en entredicho el estatus del parque como Patrimonio Natural de la Humanidad y desacredita el compromiso de Costa Rica con la conservación.

Los resquicios legales y una política pesquera omisa permiten que los piratas jueguen al gato y al ratón con los vigilantes: “Las embarcaciones ingresan a la Isla a dejar sus redes en espera de que descuidemos un sector porque son hasta 30 contra una sola patrullera que tenemos operando. Estamos en desventaja, hacemos esfuerzos, pero hay poco personal”, declara Geiner Golfín, administrador del parque.

Los piratas abandonan las líneas y anzuelos en el agua y aguardan más allá del área restringida, fuera del alcance de la ley y de los guardaparques. Si los equipos no pueden relacionarse con un barco específico, o la comisión del delito no se da en condiciones de flagrancia, no hay forma de que prospere la acusación por pesca ilegal. Así, lograr una condena es casi imposible y la sentencia en firme es un requisito para revocar la licencia de la embarcación.

Ante este panorama, organizaciones como la fundación MarViva y expertos nacionales han reclamado que Costa Rica actúe para recuperar su soberanía marítima. El país debe modernizar la legislación, tecnificar sus procedimientos de vigilancia, con la implementación de dispositivos de rastreo satelital, y adoptar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Aunque la administración de Luis Guillermo Solís retiró de sesiones extraordinarias la aprobación de dicho acuerdo, al mismo tiempo delimitó las zonas de pesca del atún en el océano Pacífico y anunció que desarrollará un plan de manejo para naves de mediana y gran capacidad, que deberán navegar con sistemas de localización satelital y observadores de Incopesca.

Esta decisión no sustituye la urgencia de poner en práctica el tratado de la FAO y de modernizar la industria pesquera nacional, pero contribuye a llamar la atención sobre el potencial de nuestros recursos marítimos y la importancia de protegerlos.

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