EscucharEl presidente Luis Guillermo Solís no se explica por qué este diario a veces exige al gobierno desarrollar obra y, en otras ocasiones, aboga por que la obra no se ejecute. Además, cuando la infraestructura “está saliendo”, pide paralizarla para investigar. Tan irracionales y contradictorias actitudes solo podrían tener el propósito de molestar al Ejecutivo. Es una empresa muy poco meritoria para un medio de comunicación y nos causaría vergüenza si fuera cierta.
Pero el mandatario nos tiene confundidos con otro periódico. La Nación celebra el desarrollo de infraestructura y solo lamenta su insuficiencia. Aplaudiría la celeridad en la ejecución, si se diera, y no escatimaría elogios para el gobernante capaz de distanciarse de la demagogia con el fin de aplicar todos los medios disponibles al desarrollo de obras públicas.
Nuestro entusiasmo no implica, sin embargo, una renuncia a la legalidad y a la transparencia. Cuando el país cuente con la nueva vía a San Carlos, La Nación estará encantada, pero no es mucho pedir la adjudicación de la obra mediante licitación, toda ella, no una tercera parte. También es bueno contar con estudios de demanda anticipados, presupuesto y un contrato suscrito antes de comenzar la construcción.
El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) inició la construcción de la punta norte de esa carretera en abril del 2014 y, tres meses después, acordó con la contratista un cambio en el diseño para ampliarla a cuatro carriles. La construcción de la nueva obra empezó sin modificar el contrato y sin saber cómo se financiaría. Al final, el costo se elevó de los ¢7.700 millones originales a ¢20.600 millones (¢13.000 millones, un 170% más, sin licitación alguna). Solo 2,5 kilómetros de los 7 kilómetros del trayecto aumentaron de dos a cuatro carriles, porque otros 3,1 kilómetros siempre incluyeron un carril de ascenso y solo fue necesario añadirles uno más.
En sustitución de las garantías ofrecidas por un proceso más transparente, tenemos una frase del presidente: “Yo no meto las manos en el fuego por nada porque me parece que siempre puede haber, incluso en los pequeños detalles, cosas que uno no conoce. Sin embargo, tengo la confianza de que se ha actuado bien en el caso de la punta norte”.
La Nación también celebra la disposición de construir los 2,05 kilómetros de carretera necesarios para la operación del megapuerto de Moín, adjudicado por la administración anterior, pero no puede aplaudir la incorporación de datos falsos al cartel de licitación ni la descalificación de la mejor oferta precisamente porque no le hizo el juego a la distorsión.
La crítica de La Nación no se dirige al desarrollo de las obras, sino al empleo de extraños mecanismos cuya transparencia –en el gobierno que tanto la prometió– deja mucho que desear. Antaño, el presidente y su partido se precipitaban a criticar las iniciativas de sus antecesores. Esas críticas impidieron la construcción de la carretera a San Ramón solo para que una viceministra de Infraestructura de este gobierno viniera a decirnos, en un arranque de sinceridad, que la cancelación de la concesión fue un error. La funcionaria lamentó el tiempo perdido y condenó la interferencia de las pasiones políticas en la toma de decisiones trascendentales.
Si la carretera a San Ramón “no salió”, fue por aquellas críticas. Hoy el mandatario no quiere hablar del peaje, porque será más caro y corre el riesgo de descarrilar nuevamente el proceso si se llega a cuestionar la renuncia del Conavi a sus potestades para dar total control del proyecto al Banco de Costa Rica.
La carretera a Limón tampoco “salió” debido a la oposición del presidente y su partido. La nueva administración se arrepintió apenas llegó al poder y, para no desdecirse, planteó mejoras cuyo costo, prometió, sería asumido por el contratista chino. Hoy sabemos que el país hará frente a la factura y, además, la carretera contratada por la pasada administración está lejos de ser construida.
Es malo impedir el desarrollo al calor de las pasiones políticas citadas por la viceministra. Es malísimo hacerlo por el puro gusto de contradecir al gobierno. La Nación no incurrirá en esas irracionalidades, pero exigirá apego a la ley y la transparencia.
