Opinión

EDITORIAL

La excusa de las urnas

Actualizado el 18 de abril de 2013 a las 12:00 am

El chavismo se enrumbó hacia el autoritarismo, haciéndolo parecer un mandato emanado de las urnas

La mayoría lograda el domingo es demasiado estrecha para fundar un mandato tan cuestionable y, ahora, surgen elementos para poner en duda su existencia

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Los cuestionamientos a la pureza del proceso electoral venezolano, formulados en términos generales en las horas siguientes al término de los comicios, adquieren, con el paso del tiempo, una fisonomía más concreta. No es lo mismo fundar la petición de un recuento sobre la base del estrecho resultado, que denunciar, en concreto, la presencia de 600.000 fallecidos en el padrón electoral o el retiro forzado de los fiscales de la oposición en 286 centros de votación.

El recuento no esclarecerá si las anomalías se produjeron. Solo la investigación de los hechos denunciados podría ofrecer una respuesta. En 397 centros de votación hubo violencia y amedrentamiento, según las fuerzas opositoras. En otros 564, empleados públicos y receptores de ayuda estatal habrían sido acompañados hasta las máquinas de votación por partidarios del Gobierno, con grave menoscabo del derecho al sufragio secreto.

Las autoridades, dicen los partidarios de Henrique Capriles, se hicieron de la vista gorda ante el ilícito proselitismo del candidato gobiernista en 421 centros electorales y se constataron daños en 535 máquinas de las 39.000 repartidas por todo el territorio venezolano.

En una elección con resultados tan estrechos, ese número de aparatos, relativamente pequeño en relación con el total, puede hacer una diferencia. La precipitada proclamación del triunfo de Nicolás Maduro y las críticas de múltiples observadores internacionales alimentan las dudas.

Pese a justos cuestionamientos, hay otros excesos que se dan por descontados, como la parcialidad de la autoridad electoral, el abuso de los recursos estatales para fines proselitistas y el empleo intensivo de la amplia red de medios de comunicación en manos del Gobierno.

Existen, por otra parte, inquietantes señales de una posible represión a cargo de autoridades comprometidas con el régimen. La fiscala general, Luisa Ortega, achacó a Capriles la responsabilidad por las muertes ocurridas durante las jornadas de protesta del martes.

Con un lenguaje tomado del proselitismo político, más que de los códigos de conducta de una funcionaria de la justicia, Ortega describió a las víctimas como personas humildes, pertenecientes a la clase obrera y acusó al “candidato que no fue favorecido por el pueblo venezolano” de haber causado los decesos al incitar a la ciudadanía a tomar las calles. Sin más investigaciones o trámites, la fiscala halló al culpable de siete muertes en un país donde la violencia, en condiciones normales, cobra unas 20.000 vidas al año. Queda insinuada la posible consecuencia para Capriles de esa determinación sumaria en el marco del comportamiento histórico del Poder Judicial chavista.

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Sin importar como se resuelve la crisis, el daño para el grupo gobernante es grande. El paulatino desmantelamiento de la democracia en Venezuela tuvo su excusa, hasta ahora, en la legitimidad conferida por las urnas.

Chávez logró confundir la democracia con el mero ejercicio del sufragio. La democracia es mucho más y, sin duda, no es la dictadura de la mayoría. Exige el respeto a los derechos y garantías del individuo, la consideración debida a las minorías, la imparcialidad de los tribunales, el imperio del derecho, la seguridad jurídica y la imposición de límites al ejercicio del poder.

Al amparo de mayorías conseguidas en desiguales contiendas electorales, el chavismo impulsó leyes hechas a su medida, minó libertades y derechos, pobló las instituciones de adeptos, adaptó las circunscripciones electorales a sus necesidades y mostró la más completa indiferencia hacia las minorías.

En fin, se enrumbó hacia el autoritarismo, haciéndolo parecer un mandato emanado de las urnas.

La excusa se esfumó el domingo pasado. La mayoría resultante de las votaciones es demasiado estrecha para fundar un mandato tan cuestionable. Ahora, surgen elementos para poner en duda su existencia. La legitimidad del proceso electoral está en entredicho, pero, también, la del sistema construido a lo largo de los últimos 14 años.

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