El examen para competir por las plazas de internos en los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social demostró deficiencias en la formación de un nutrido grupo de aspirantes. Los resultados reavivaron la polémica sobre la proliferación de universidades y la calidad de la enseñanza en todas las profesiones.
La preocupación no es gratuita, pero el problema no puede ser examinado a partir del prejuicio. Las dos universidades con mayor número de postulantes, una pública y otra privada, tuvieron altos porcentajes de rendimiento, siempre con ventaja para la primera. Lejos de descalificar la enseñanza privada de la medicina, los resultados demuestran la posibilidad de impartirla con éxito.
La universidad pública no puede aceptar a tantos alumnos y no hay motivo para negar a otros la oportunidad de formarse en centros educativos privados. Importa, sin embargo, exigir parámetros de calidad suficientes para garantizar la aptitud de las nuevas generaciones de médicos. Otras universidades privadas tuvieron porcentajes de éxito inferiores y ese dato alarma.
Para nivelar el terreno de juego y garantizar los conocimientos médicos esperados de un interno, un examen como el practicado por la Caja, sin favoritismos ni ventajas, está entre los recursos a mano. La institución encargó la prueba a una organización internacional, no al Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeiss), con lo cual disipó suspicacias y sospechas de favorecimiento a la universidad pública.
Los estupendos resultados del centro de estudios estatal (99% de aprobación) y los muy buenos de la mejor universidad privada (88%) apuntan a la ausencia de sesgos favorables a uno u otro sistema de enseñanza. La situación es muy parecida a los resultados del examen de incorporación practicado por el Colegio de Abogados.
Entre setiembre del 2015 y noviembre del 2016, 2.029 aspirantes a la incorporación se presentaron a hacer la prueba. El 70% la reprobó y las casas de estudios con menor porcentaje de éxito echaron la culpa al examen, su diseño y validez como criterio único de incorporación. Pero en este caso se repitió el fenómeno de los médicos: una escuela privada y otra pública obtuvieron resultados similares y muy superiores a los de los centros educativos menos exitosos. Esa paridad valida, en buena medida, la prueba.
Las diferencias entre unas y otras universidades no es motivo de alarma. En un editorial anterior, citamos estadísticas del examen de incorporación al equivalente del Colegio de Abogados en California y allí también se producen distinciones notables. Los graduados de las escuelas de derecho certificadas por el American Bar Association, fueran públicas o privadas, lograron cerca del 62% de aprobación en los exámenes de incorporación, en el primer intento, cuando el promedio general apenas alcanzó el 36,3%.
Los sistemas de acreditación de las universidades deben avanzar y perfeccionarse para proteger a los estudiantes y brindarles información precisa sobre las opciones disponibles. Para proteger a la sociedad de las consecuencias de tener profesionales mal formados, los colegios u otras instituciones deben hacer exámenes como el practicado por los abogados, sin sesgos ni favorecimientos a unos centros educativos sobre otros.
Las pruebas deberían extenderse a otras profesiones, como la enseñanza. En ese delicado e importantísimo campo, el ministerio rector debería tener la potestad de evaluar periódicamente a los profesionales, aparte de establecer pruebas adecuadas para acreditar su idoneidad al graduarse. La existencia de esos mecanismos no solo contribuirá a asegurar el ejercicio idóneo de las profesiones, sino que, con el tiempo, redundará en una mejor calidad de la enseñanza, pública y privada.