Es impensable que, en promedio, 334.777 trabajadores independientes tengan ingresos de ¢179.000 mensuales, sobre todo si se considera la inclusión en ese grupo de profesionales liberales, entre ellos médicos y abogados, por citar dos ejemplos. Es imposible, además, creer que solo 0,34% del total de asegurados independientes (367.187) logran superar el millón mensual.
Los ingresos declarados a la Caja Costarricense de Seguro Social por esa categoría de asegurados ponen en evidencia la evasión más descarada, tanto como la ridícula contribución promedio de ¢35.574 anuales por impuesto de la renta atribuida a los profesionales liberales por un informe de la Contraloría General de la República, publicado en el 2011.
Para magnificar el problema, la mitad de los trabajadores independientes no cotiza del todo, pese a la obligación legal de asegurarse, y muchos elevan sus aportes al final de la vida laboral para mejorar el cálculo de la pensión. Todos tienen derecho a los servicios médicos y otros beneficios de la Caja.
Quienes menos cotizan, pueden aspirar también a la pensión mínima, superior, con mucho, a sus contribuciones. Esas jubilaciones están pensadas para trabajadores de escasos ingresos y son posibles por la solidaridad del resto. Quienes las obtengan fingiendo ingresos mínimos, traicionan a todos los demás.
Nada les impide a los aspirantes a una pensión mínima obtenerla con anticipación, si cumplen los demás requisitos. En el 2005, se reformó la normativa para permitir la jubilación anticipada, a condición de perder el 1,75% del beneficio por cada trimestre de adelanto. Sin embargo, la pensión no puede ser inferior al mínimo establecido en ¢120.000. En consecuencia, muchos trabajadores no pierden nada al jubilarse por adelantado, pues de todas formas recibirían el mínimo al cumplir 65 años.
El superintendente de Pensiones, Édgar Robles, insiste desde hace años en advertir los peligros de la afiliación de trabajadores independientes, cuya pertenencia al sistema resulta mucho más barata para ellos y ruinosa para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La suma de esas prácticas representa un peso insostenible para la seguridad social, especialmente por el rápido crecimiento del número de trabajadores independientes atraídos por los beneficios, asequibles a un costo ridículo para quienes tienen voluntad de defraudar. La categoría ya representa el 23% de los asegurados y pasó de 145.776 cotizantes en el 2005 a 367.187 en la actualidad.
El colmo de males es la alta morosidad. Los asegurados independientes deben ¢71.433 millones a la Caja, según el corte hecho a setiembre. El 83% de la deuda corresponde a trabajadores independientes activos y el 13% restante a los inactivos.
La amenaza es para las dos vertientes de la seguridad social: el Régimen de Enfermedad y Maternidad, y el de Invalidez, Vejez y Muerte, víctimas, ambos, de otras debilidades de primera importancia. Hay mucho en juego y es preciso actuar con rapidez en todos los frentes. En el de los trabajadores independientes, la Caja ya adelantó intenciones de tomar medidas.
Un estudio del perfil de los trabajadores independientes elaborado por la Organización Panamericana de la Salud servirá de base para diseñar reformas encaminadas a evitar la evasión por parte de esa población laboral. El estudio también permitirá estimar el monto evadido.
Entre los cambios posibles está un aumento de la base contributiva aplicada a esa categoría de asegurados. En la actualidad, la base es de ¢120.000 en un país donde el salario mínimo alcanza ¢255.000. También es posible aumentar el porcentaje de cotización de los trabajadores independientes. Son medidas importantes, pero no satisfacen la necesidad de hacer un esfuerzo por desenmascarar a los evasores.