EscucharPara el Estado costarricense, la administración del Estadio Nacional es un misterio. La edificación se inauguró hace dos años, con prolongadas y lucidas celebraciones que acreditaban el reconocimiento de su importancia para el país y la práctica del deporte. Ese entendimiento, al parecer, fue una ilusión.
Solo así se explica el abandono del inmueble a su suerte, transcurrido ya un plazo suficiente para poner en orden la administración. El tema sale a flote tras los desperfectos de la iluminación que entorpecen la celebración de justas deportivas y ponen en riesgo el éxito de otras actividades.
Hay un mar de fondo, más allá de las fallas eléctricas. La auditoría del Instituto Costarricense del Deporte (Icoder) no sabe si existe un libro de actas de la junta administradora del fideicomiso suscrito con el Banco Nacional para atender las necesidades del estadio. Hace tres meses y medio, la auditoría pidió los libros para legalizarlos y no ha recibido respuesta.
Es un libro “fantasma”, dice el auditor Arcadio Quesada, “o hay algo extraño que no quieren que uno sepa”. Guillermo Araya, miembro del comité de vigilancia de la junta administradora, también se muestra insatisfecho por la respuesta a su petición de revisar las actas donde se asientan las operaciones del fideicomiso.
En consecuencia, solo es posible concluir la nulidad, en la práctica, de dos importantes mecanismos de control destinados a velar por la preservación de la importante pieza patrimonial. Si a eso se suman las inquietantes muestras de mal funcionamiento, está de sobra justificada la intranquilidad manifiesta en Casa Presidencial y hasta en la Selección Nacional de Futbol, comprometida a disputar, a partir de esta semana, la Copa Uncaf y, posteriormente, los juegos de clasificación para el Campeonato Mundial.
Las respuestas, o la falta de ellas, cuando se les pregunta a los integrantes de la junta administradora incrementan el desasosiego. Alba Quesada, directora del Icoder y miembro de la junta, se abstuvo de referirse al tema por medio de su encargado de relaciones públicas.
William Corrales, ministro de deportes y también integrante de la junta, fue menos parco, pero sus declaraciones no despejan las dudas. Especuló que la auditoría del Banco Nacional pudo haber legalizado los libros, pero no lo sabe a ciencia cierta. Menos probable es recibir de él una explicación sobre los motivos que pesan para no entregar los documentos a la auditoría ni al comité de vigilancia.
El ministro dice haberse ausentado de algunas sesiones de la junta administradora, lo cual es comprensible, dada la complejidad de su cargo, y prometió pedir explicaciones al gerente del estadio, Édgar Barrantes. La rendición de cuentas solicitada no puede conformarse con la explicación técnica de los apagones o la identificación de cualquier otra posible falla de mantenimiento. En el largo plazo, importa mucho más saber por qué persisten las carencias administrativas señaladas por el auditor y el miembro del comité de vigilancia.
El gerente del Estadio atribuye el apagón del 9 de enero, que impidió concluir la cuadrangular “90 minutos por la vida”, a un hecho aislado. No lo es tanto, porque lo mismo ha sucedido en otras oportunidades. Sin embargo, los problemas identificados a raíz del apagón pertenecen a una esfera más alta en la jerarquía.
Según el auditor del Icoder, además de la no presentación de los libros, no hay referencia en las actas del Consejo de Deportes –donde también participa el Ministro– a los informes mensuales de la junta administradora que fueron previstos mediante acuerdo formal. “Al Consejo de Deportes, que es el superior, como que no le ha interesado mucho la junta”, concluye el auditor.
El Gobierno está a tiempo de rectificar mientras todavía el inmueble es nuevo y el impacto de la falta de supervisión puede presumirse bajo.
Un buen primer paso sería facilitar la publicidad de todos los documentos y movimientos financieros.
