Los inspectores del Ministerio de Salud han dejado órdenes sanitarias en 440 centros educativos, pero la reacción del Ministerio de Educación Pública (MEP) no es expedita

 23 marzo

Una de cada diez escuelas opera con orden sanitaria del Ministerio de Salud, es decir, con instrucciones de resolver significativas deficiencias de infraestructura. Algunas son instituciones con cientos de estudiantes, como la escuela María Vargas, de Alajuela, donde la matrícula es de 676 alumnos.

La gran mayoría de órdenes sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud se debe a fallas peligrosas, como el deterioro de la infraestructura, el mal estado de los sanitarios y deficiencias en la evacuación de aguas servidas y negras. En algunos colegios temen el desprendimiento y caída de elementos estructurales. En otros hay cables eléctricos expuestos y olores provenientes de zanjas insalubres.

Los inspectores del Ministerio de Salud han dejado órdenes sanitarias en 440 centros educativos, pero la reacción del Ministerio de Educación Pública (MEP) no es expedita. Wálter Muñoz, jefe de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP aceptó en entrevista concedida a este diario la existencia de ineficiencias en el modelo operativo de su departamento. En especial señaló la incapacidad de las juntas de educación para gestionar los arreglos menores y admitió atrasos de “meses y años”.

Los atrasos de meses y años no pueden ser noticia para las autoridades del ramo. El transcurso de tanto tiempo no pasa inadvertido, sobre todo para los estudiantes, alumnos y padres de familia obligados a soportar las malas condiciones. Las quejas abundan, pero el MEP no reacciona.

La culpa por los atrasos en la ejecución de reparaciones menores puede ser trasladada a la inexperiencia gerencial de las juntas de educación. Además, existe el recurso de señalar la escasez de financiamiento para justificar la lentitud de la intervención estatal. Pero grandes proyectos, bien financiados, tampoco despegan y permanecen estancados en los hangares burocráticos del MEP.

El fideicomiso creado desde marzo del 2013 con un crédito de ¢85.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debió construir 77 centros educativos y 24 canchas deportivas multiuso, pero está muy lejos de cumplir esa meta, aunque vence en julio del 2018. Los responsables esperan completar las obras en esa fecha, pero la realidad hace dudar de las promesas.

Si el escenario optimista se cumple, el país habrá tardado cinco años en ejecutar las obras y cinco grupos de graduados del Liceo Rural de Cañón de El Guarco, uno de los 440 con órdenes sanitarias, no habrán conocido las renovadas instalaciones del centro educativo. El liceo funciona en el salón de actos de la escuela Manuel Ortuño Broutín desde hace una década.

En el 2006, la junta de educación decidió emplear esas instalaciones mientras se construye el plantel entonces prometido. Hace cinco años creyeron estar cerca de la meta cuando el nuevo liceo quedó incluido entre las obras a desarrollar por el fideicomiso, pero si tienen suerte tendrán edificio el año entrante, aunque el director Sediel Solera alberga dudas. Por lo pronto y desde hace años, los malos olores invaden todos los rincones.

Hace también una década las autoridades educativas inauguraron el Liceo Pacto del Jocote, en Alajuela, sin planta física. Opera en un salón comunal donde la instalación eléctrica no soportó la carga y se recalentó. El olor a excrementos es constante, las paredes de madera están a punto de colapsar y las aulas carecen de cielorraso. También allí están en espera del milagro del fideicomiso.

Según el director de la DIEE, el rezago en infraestructura es de más de 30 años. La misma estimación se ha hecho en otras oportunidades, pero hay al menos 77 centros educativos donde las necesidades debieron quedar resueltas si la proverbial incapacidad estatal para ejecutar obras no lo hubiera impedido.