Opinión

EDITORIAL

Una escogencia racional

Actualizado el 27 de febrero de 2013 a las 12:00 am

El Tribunal Supremo de Elecciones escogió a la empresa RR Donnelley para imprimir las papeletas de los próximos comicios

La Imprenta Nacional no es competitiva y sería extraño plantear que no tiene la obligación de serlo

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no confía en la Imprenta Nacional para imprimir las papeletas de las elecciones del 2014. Tampoco le resulta ventajoso el precio exigido por la entidad estatal. La contratación puede hacerse con una empresa privada a menor precio y sin peligro de una huelga apalancada por la naturaleza urgente e imprescindible del trabajo.

Los magistrados escogieron a la empresa RR Donnelley para imprimir más de seis millones de papeletas cuya entrega se hará en noviembre y, en caso de una emergencia, se aseguraron la disponibilidad de la imprenta del Instituto Costarricense de Electricidad. RR Donnelley cobrará unos ¢100 millones menos por ejecutar el trabajo.

El TSE solicitó a Jorge Vargas, director de la Imprenta Nacional, explicar los costos. Vargas lamenta no haber recibido respuesta a la explicación enviada, pues la Imprenta estaba dispuesta a negociar. Los ¢100 millones de diferencia en la factura de ¢317 millones propuesta por la imprenta estatal pueden explicar el silencio. Si estaba en capacidad de cerrar esa brecha, es difícil comprender la intención inicial de cobrar el exceso a otra dependencia del Estado. Si no podía hacerlo, es imposible reclamarle al TSE la decisión de buscar opciones más baratas.

Pero más allá del precio, la Imprenta Nacional se ha hecho poco confiable por la amenaza de huelga. Vargas admite que “los sindicatos se han valido del proceso para gestionar asuntos de todo orden, y eso ha significado algún tipo de molestia y descontrol en un proceso tan importante como el democrático”.

Luis Leal, dirigente sindical, argumenta que nunca han dejado de imprimir las papeletas por una huelga. Ese no es el punto. Una huelga decretada antes de las elecciones del 2010 causó justa preocupación a las autoridades electorales, que tomaron precauciones para la posterior elección de alcaldes, cuando también hubo amenaza de paralizar labores.

Los comicios son un acontecimiento demasiado importante para asumir tales riesgos, aun si en el pasado las papeletas fueron impresas a tiempo. Gerardo Abarca, del registro electoral del TSE, admite la ponderación de ese elemento a la hora de adoptar la decisión: “Es un factor que se ha valorado' Lógicamente inserta un riesgo a la administración electoral. Es una situación eventual, pero sí se valora y se toma en cuenta para establecer contingencias”.

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Lo sucedido no debe extrañar a la Imprenta y sus sindicatos. Una empresa con capacidad para brindar el mismo servicio en iguales condiciones de seguridad y calidad, ofrece un precio sustancialmente mejor con menor riesgo de una contingencia. El TSE está obligado a maximizar el aprovechamiento de los recursos confiados a su administración y debe velar por la celebración del proceso electoral sin contratiempos.

La Imprenta Nacional no es competitiva. Sería extraño plantear que no tiene la obligación de serlo. Eso implicaría asumir, más bien, la obligación de los contribuyentes de mantener un servicio estatal oneroso e inestable por el solo hecho de su carácter público. La razón de ser de la Imprenta no es el bienestar de sus empleados ni la generación de empleo a cualquier costo. Existe para ofrecer un servicio y, si ella misma se ha tornado incapaz de ofrecerlo en las mejores condiciones, la búsqueda de otra posibilidad es totalmente legítima.

Bastante tardó La Gaceta en migrar del papel a la tecnología digital, pese a la irracionalidad de invertir ¢2,5 millones diarios y 5 millones de pliegos de papel por año, además del costo de entrega a domicilio, unos ¢150 millones. En un par de años, la impresión de entre 800 y 850 ejemplares diarios del Boletín Judicial se reflejó en una factura de ¢344 millones, y solo el alcance del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar fue valorado en ¢120 millones. El cambio habría tardado menos si las autoridades tuvieran presente, como lo tuvo el TSE, que existe la obligación de velar por la buena inversión de los fondos públicos.

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