EscucharLas 194 charlas de capacitación política, dictadas por el Instituto Libertad y Progreso (Ilpro) y cobradas al Tribunal Supremo de Elecciones al son de ¢1 millón cada una, constituyen el más reciente dolor de cabeza de los encargados de finanzas del Movimiento Libertario.
Rolando Alfaro, tesorero del partido, y Carlos Solano, director de Ilpro, insistieron, inicialmente, en la justicia del cobro. Con toda confianza, los dirigentes libertarios remitieron a la lista de asistentes para constatar la celebración de los cursos.
Esteban Oviedo, periodista de este diario, les hizo caso y por una coincidencia casi cómica, se encontró a sí mismo entre los atentos partícipes de un curso dictado el 9 de abril del 2008, en Desamparados. En la lista figuraba su nombre, cédula y firma.
El periodista jamás asistió al curso y su hipótesis es que sus datos y firma fueron tomados de la lista de asistentes a la proclamación de la candidatura de Otto Guevara, el 12 de enero del 2010. Se vio obligado a firmar para ingresar a las instalaciones de Pueblo Antiguo, con el fin de informar sobre el acto político. Su hipótesis la confirma la presencia en la lista de otras personas que recuerda haber visto la noche del lanzamiento oficial de la candidatura. Ante la revelación de la irregularidad, Alfaro aceptó la comisión de “algunos errores administrativos a la hora de confeccionar nuestras listas de capacitación” y prometió una investigación para esclarecer lo ocurrido.
La reacción del tesorero libertario deja intactas las dudas, que se profundizan con otro incidente cuya clave, curiosamente, también se alberga en las instalaciones físicas de este diario. El caso no involucra a los asistentes a las charlas de Ilpro –fundado en el 2007 y presidido por Otto Guevara– sino a los capacitadores. Uno de ellos fue identificado por Solano como empleado de esta empresa. El periodista Oviedo lo ubicó y fue testigo de su indignación, pues nunca dictó las conferencias.
Otro de los supuestos capacitadores dice haber dictado charlas sin cobrar por ellas, y un tercero, además de desmentir su participación, presentó denuncias ante el Ministerio Público y el TSE.
Alfaro confirma que no pagaron a los capacitadores y asegura que funcionaban con costos muy bajos, sin estructura administrativa. Las actividades las celebraban en cocheras, salones y casas, dice el tesorero libertario. Aun así, Ilpro cobraba hasta $160 por persona, pese a ser una institución sin fines de lucro.
Ahora, la jerarquía libertaria deberá despejar las dudas sobre el “error administrativo” con los asistentes a los cursos, pero también es necesaria una explicación convincente sobre lo sucedido con los capacitadores. Peor aun, es necesario explicar cómo los dos errores se dieron al mismo tiempo. Todo esto para no mencionar la extraña relación entre el costo de la capacitación y la frugalidad de los recursos destinados a impartirla.
El asunto pendiente de explicaciones suma ¢210 millones y proyecta una nueva duda sobre el manejo de las finanzas libertarias. El partido le pasó al TSE facturas por más de ¢4.000 millones, cuyo cuidadoso escrutinio es un imperativo, ahora que afloran tantos errores en un solo programa.
Está de más señalar el carácter público de los fondos involucrados y puntualizar que el TSE estuvo a punto de desembolsar el dinero pues las facturas, en un principio, se dieron por buenas. El surgimiento de las dudas impidió el pago, pero el incidente abona los llamados a fortalecer las capacidades de fiscalización del Tribunal. Hay, desde luego, temas de más alcance pendientes en la investigación de las finanzas libertarias a cargo del Ministerio Público y el propio TSE. Clarificar las operaciones financieras, incluyendo los préstamos contraídos, ha sido empeño de las autoridades durante año y medio.
El confuso asunto de los cursos de capacitación puede ser de menor monta, pero añade otra dimensión al tema de las finanzas libertarias, esta vez ligado a su manejo cotidiano y no a las grandes operaciones de financiamiento hasta ahora cuestionadas.
